"Hay por lo menos cinco electrificadoras en riesgo financiero por la Opción Tarifaria"

Durante una rueda de prensa en el Congreso Anual Andesco, el superintendente de Servicios, Dagoberto Quiroga, dijo que hay electrificadoras en riesgo. “Hay algunas en situación complicada porque en la pandemia se dictaron normas como la Opción Tarifaria, donde el incremento no se transmitía al usuario y el resto quedaba diferido”.

Según el funcionario, “son por lo menos cinco empresas, la mayoría públicas, en riesgo”. Sin embargo, el Estado puede buscar opciones para solucionar el problema financiero que están enfrentando las empresas.

En un recuento de la situación, el funcionario dijo que hay algunas electrificadoras que compran su energía a través de la bolsa porque no pueden reunir las condiciones de la adquisición por contratos.

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"Hoy muchas empresas están pidiendo que se pague eso por la Opción Tarifaria y en el caso del fenómeno de El Niño pueden colapsar financieramente". Dijo, además, que Electrohuila es una de estas electrificadoras. "Hay unas estatales y creo que hay una privada", agregó.

Los ajustes que vienen para los servicios públicos

Aunque no está listo el articulado, el superintendente dijo que se espera construir pronto. Durante su intervención en Andesco señaló que todos los días hay protestas por los servicios públicos, "con quejas y reclamos no se resuelve el problema de los servicios públicos, atendemos todos los días pero no se soluciona".

Hizo énfasis en que la reforma a los servicios no va a borrar lo que está bien construido, pero se harán ajustes. "No podemos desconocer que el sector privado ha hecho grandes avances en el sector de servicios públicos. Antes había mucha corrupción y por eso se presionó a tomar medidas para que se abriera la libre competencia", señaló.

El cambio en los servicios públicos se centrará en dos pilares:

1. Cambio en las relaciones de desigualdad, inequidad e injusticia en la sociedad colombiana
2. Cambio en las relaciones de la sociedad con la naturaleza ante la crisis climática

"Hemos venido evaluando, a raíz de las quejas, cada uno de los servicios. Hay algunas quejas que se pueden arreglar dialogando con la empresas".

Respecto al acueducto y alcantarillado, se presentan desigualdades en materia de cobertura y calidad en la prestación del servicio. "A veces las ciudades crecen desproporcionadamente sin pensar en la infraestructura del agua", comentó Quiroga.

En cuanto al servicio de aseo, el superintendente indicó que el tratamiento de residuos debe repensarse. "Hay que hacer ajustes normativos e innovación tecnológica, pero hay que dictar normas que faciliten a empresarios, comunidades y usuarios". En este punto se espera el desarrollo de la economía circular.

Referente al servicio de energía, el problema radica en las tarifas, sobre todo en la costa. Además, la Superintendencia identificó que el precio de las facturas supera la capacidad de pago de una parte importante de hogares.

Otro punto es que el incremento desbordado del precio de tarifas pone en riesgo la estabilidad del sistema. Según la entidad, 2.013 localidades de 81 municipios del país no están conectados a la red nacional de energía eléctrica.

Los fundamentos para reformar los servicios públicos

Los tipos de normas del proyecto de reforma serán tres: esenciales, de actualización y ajustes y originadas por los diferentes actores.

"No hay ya un articulado completo, el Presidente ha dicho que hay que dialogar para no ir a hacer unas normas que, depronto, en vez de mejorar empeore la situación. No se ha hablado de privatizar los servicios públicos, hay que fortalecer lo público y donde haya una empresa débil hay que fortalecerla, pero no como están haciendo algunos privados para entregar en concesión los servicios públicos. Así no se hacen las cosas; esas son malas prácticas del sector privado", puntualizó Quiroga.

El funcionario destacó que se han recibido propuestas para la eliminación del CCU (Contrato de Condiciones Uniformes). "Pueden haber propuestas interesantes en desarrollos sectoriales empezando por la cultura del aprovechamiento, porque ahí hay un vacío normativo", señaló.

Otro punto que tocó el superintendente es el mínimo vital a cargo del Estado. "Este está concebido para gente que no puede pagar el servicio público por su condición económica, pero tienen el derecho. En el caso de agua es un mínimo de seis litros", explicó.

Indicó que se están revisando los criterios para definir quiénes y cuántas personas serían las que pueden recibir ese mínimo vital.