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La aplicación de la medida está supeditada a la presentación de un dictamen pericial en diciembre bajo condiciones de estabilidad
Frente a la existencia de la licencia ambiental de Hidroituango, Daniel Ricardo Páez Delgado, jefe de la oficina jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), desmintió que el proyecto no cuente actualmente con este permiso y afirmó que estará vigente durante la vida útil del complejo.
Sin embargo, el funcionario agregó que, paralelo a este hecho, sigue vigente la medida preventiva impuesta por la Resolución 00820 de 2018, la cual suspendió las actividades ordinarias del proyecto.
El levantamiento de esta medida, está supeditado a la presentación de un dictamen pericial claro, preciso, detallado y objetivo, sobre las condiciones actuales de estabilidad (bajo el escenario de contingencia) y futura (bajo el escenario de operación) por parte de un tercero imparcial, dijo la Anla.
Respecto a este punto, William Giraldo, vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM, afirmó que la resolución está suspendiendo parte de la licencia, por lo que se debe evidenciar que la contingencia se superó y que el proyecto puede operar a futuro.
Para lograrlo, EPM realizó la contratación de una firma chilena-finlandesa, que espera entregar el informe a la autoridad ambiental en diciembre.
Posteriormente, “la Anla demorará tres o cuatro meses en determinar el resultado, irán al proyecto, resolverán dudas y darán un dictamen final iniciando el segundo trimestre de 2022”, puntualizó Giraldo.
Desde el punto de vista técnico y de ejecución, el vicepresidente aseguró que el proyecto llegó a un avance de 85,5%, debido al estado del primer generador, la instalación de nueve cables de potencia de 500 kilovoltios que transportarán la energía hasta la subestación, y los 13 transformadores que buscan ser energizados con las dos primeras unidades.
No obstante, siguen existiendo riesgos con el vertedero, que se agravarían de llegar a confirmarse el fallo de la Contraloría en los siguientes meses.
El pasado 15 de noviembre fue entregado el concepto favorable por parte del IDU. La ANI debe radicar el proyecto a la Anla
La medida aplicará tanto a quienes tienen deudas como a aquellos que cuentan con una facilidad de pago y no han cumplido
Miguel Silva explicó que este proyecto es de competencia del Gobierno Nacional y que la ANI tiene la responsabilidad principal sobre su ejecución