Hubo más desplazados en Catatumbo en enero y febrero que en todo el país en 2024

Human Rights Watch publicó un informe sobre la situación de seguridad en la región del Catatumbo con la ampliación de poder territorial del ELN y el Frente 33, un grupo armado que se formó después de la desmovilización de las Farc, en la zona fronteriza y la baja protección gubernamental.

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La organización señaló que los grupos armados generaron el desplazamiento de 56.596 personas entre enero y febrero de este año,cifra que es superior a las 52.009 personas que fueron desplazadas en todo el territorio nacional en 2024, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Ocha.

Los lugares con mayor recepción de desplazados son Cúcuta con 20.300 personas y Ocaña con 12.097 personas, ambas ciudades en Norte de Santander.

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La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, señaló que la investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo. "Las víctimas que entrevistamos también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales”, señaló la directora.

Goebertus señala que las razones por las que se mantiene el conflicto en el Catatumbo se relacionan a la pobreza, que es 3,4 veces superior al promedio nacional, además allí no se han implementado de forma completa los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, "está colagado y no se ha desembolsado un tercio de los recursos, y hay un fracaso profundo del proceso de sustitución de cultivos. No ha cambiado nada porque el país no ha cumplido con lo que se comprometió en los acuerdos de paz".

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Otro flagelo, que detonó las cifras de desplazamientos, son los homicidios, que de acuerdo con autoridades de Norte de Santander, 78 personas fueron asesinadas, cuatro eran niños, entre el 16 de enero y el 8 de marzo, con ello se llegó a una tasa promedio de 39 homicidios en los primeros dos meses, lo cual es casi cuatro veces mayor que la tasa de 2024. El informe señala que esta situación se detonó el 16 de enero con asesinatos simultáneos por parte del ELN en cinco municipios: Teorama, Convención, Hacarí, Tibú y El Tarra.

Entre las víctimas se encontraban líderes sociales, miembros de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, Asuncat, y excombatientes de las Farc, que se habían desmovilizado con el acuerdo de paz de 2016. A estas personas el ELN las acusaba de tener nexos con el Frente 33.

“El gobierno también debe asegurarse de que su programa de sustitución de cultivos ayude a los campesinos a integrarse en economías legales y no cree incentivos perversos que conduzcan a más violencia en el futuro”.

Ante estos resultados, Human Rights Watch entregó recomendaciones específicas para hacer frente a la situación, las dirigidas a la Fiscalía General es dar prioridad a la investigación de los abusos cometidos por los grupos armados en el Catatumbo, tanto antes como después del 16 de enero y aumentar el número de fiscales e investigadores en el Catatumbo y tomar medidas para garantizar su protección.

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Para los gobiernos donantes y a las agencias humanitarias internacionales la recomendación es proporcionar un apoyo adecuado a las agencias y organizaciones humanitarias en el Catatumbo para garantizar una asistencia suficiente a los miles de desplazados y en posibles desplazamientos futuros.

El actor al cual se entregan más recomendaciones es al presidente Gustavo Petro, y para su aplicación, la directora señala que estas no requieren de la declaración de conmoción interior, estas son:

• Diseñar e implementar una política de seguridad y justicia eficaz y respetuosa con los derechos para proteger a la población del Catatumbo de los grupos armados.
• Garantizar que cualquier acuerdo de cese al fuego incluya salvaguardias concretas y adecuadas para proteger a los civiles.
• Abstenerse de implementar planes de desarrollo rural con la participación de grupos armados que puedan poner en peligro a la población civil.
• Tomar medidas para proteger a las personas desplazadas y garantizar que cualquier retorno al Catatumbo sea voluntario, digno y seguro.
• Desarrollar un plan de intervención integral para el Catatumbo, dirigido a implementar planes de desarrollo alineados con las necesidades de las comunidades, como las identificadas durante el establecimiento de los Pdet. La intervención debe mantenerse más allá de esta crisis y debe evitar repetir errores de iniciativas de desarrollo alternativo pasadas, tales como los contraproducentes pagos en efectivo para la sustitución de cultivos de coca.
• Adoptar e implementar un plan integral que garantice que los líderes y defensores de derechos humanos del Catatumbo, incluyendo los líderes de las Juntas de Acción Comunal, puedan ejercer sus funciones y estén protegidos de amenazas y abusos, tal y como ha ordenado la Corte Constitucional.
• Reforzar los mecanismos de prevención y respuesta rápida a las violaciones de derechos. Garantizar que el gobierno dé una respuesta rápida, sólida y coordinada a las “alertas tempranas” emitidas por la Defensoría del Pueblo.
• Garantizar que los niños, incluyendo los desplazados, estén protegidos contra el reclutamiento por parte de grupos armados o contra su utilización en conflictos armados. Garantizar el acceso de los menores a la educación, así como la seguridad de los profesores.
• Reforzar los esfuerzos para proporcionar apoyo en salud mental a los desplazados y otras víctimas de la violencia en el Catatumbo.