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Según la Agencia de Tierras, dicho dinero era para pagar el Subsidio integral de Tierras de las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011 y el Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria (Sidra) entre 2014 y 2015 para familias campesinas en todo el país.
El dinero se estaría invirtiendo en aspectos como los gastos notariales y de registro de tierras (en los casos de compra de predios), y posteriormente a la financiación de los proyectos productivos de los campesinos beneficiados.
“Estamos llamados a presumir la buena fe pero estamos ante una irregularidad pasmosa. Estos son recursos públicos que les pertenecen a los campesinos y que, a pesar de haber salido del Tesoro nacional hace nueve años, aún no le llegan a nadie. Por eso, a los titulares de estas cuentas, que son antiguos funcionarios del Incoder, les pedimos que las entreguen de inmediato. Necesitamos liberar esos recursos para que atiendan las necesidades de la población rural”, afirmó Miguel Samper Strouss, director general de la Agencia Nacional de Tierras.
El dinero está depositado en cinco bancos, donde está el 90% de las cuentas y ya fueron identificados los datos de los titulares con el fin de conminarlos a que cedan esas cuentas a la autoridad de tierras para su administración.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que este manejo está respaldado por auditorías integrales realizadas por la firma Amezquita & CIA S.A.S.
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP
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