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Han concluido 72 casos en 20 años.
Con la apertura económica de la década de los 90, el país dispuso de una serie de medidas de defensa comercial para corregir los efectos generados por el incremento de las importaciones sobre nuestra industria nacional. Entre estas se destacan las salvaguardias, de las cuales en la actualidad existen dos investigaciones en curso, ambas aplicadas para la industria de metales.
Los dos casos iniciaron este año. El primero, para las láminas galvanizadas corrugadas, se dio por petición de Corpacero S.A., Ternium del Cauca S.A.S. y Ternium Colombia S.A.S. La recepción de la conformidad se dio el 16 de marzo y la publicación de la solicitud el día 23 de ese mes.
La segunda investigación, para barras de hierro o acero corrugadas fue solicitada por Acerías Paz del Río, Diaco, Ternium Siderúrgica de Caldas, la Siderúrgica Nacional y la Siderúrgica de Occidente, cuya recepción de conformidad se presentó el 1 de noviembre de este año y la publicación de solicitud el 3 de noviembre.
Cabe recordar que las salvaguardias consisten en una limitación temporal de las importaciones de un determinado producto, de modo que se puedan restablecer las condiciones de competencia y no se generen daños para la industria local.
De acuerdo con Andrés Ramírez Sánchez, director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Acero (Camacero), no es coincidencia que estas medidas se hayan presentado este año, sino que es una consecuencia de la tensión comercial generada por los aranceles impuestos entre EE.UU. y China.
“Esta situación ha generado excedentes de acero en China y en otros países como Turquía que empiezan a buscar refugio, en este caso en Colombia, a través de subsidios a los productos transformados exportados como es el caso de China con la lámina o con bajos precios como la barra de construcción desde Turquía”, explica el directivo de Camacero.
De acuerdo con el decano del programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto, Andrés Mauricio Castro, “la salvaguardia, en este caso, se utiliza como un mecanismo de protección para la industria en general”, y dado que no son mecanismos permanentes, a largo plazo se tienen que desmontar.
Según el académico, de este modo el gobierno puede proteger a un sector específico de la industria y evitar que las empresas importen y, por el contrario, se dediquen a comprar más insumos en el mercado local.
“Para finales de este año se espera que la relación comercial mejore en términos de los productos que se vieron afectados por los aranceles de China y EE.UU.”, aseguró Castro, quien comentó que aunque estos no afectan directamente a Colombia, los precios si fluctúan a nivel internacional y este efecto se transmite por otras vías al mercado local.
A pesar de que estas medidas de defensa comercial se incorporaron a la legislación colombiana mediante la Ley 170 de 1994, con la que se adoptó el acuerdo sobre salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio (OMC), fue a través del decreto 152 de 1998 que se establecieron los procedimientos y criterios para su adopción.
Desde ese entonces, en los últimos 20 años, el país ha concluido 78 investigaciones de este tipo a productos como arroz, azúcar, acero, textiles y electrodomésticos, mientras que otros países han iniciado 25 casos contra Colombia.
El beneficio que trae a las compañías
Un elemento que Castro considera que se debe analizar es la pertinencia de las peticiones que hacen las empresas, dado que la aplicación de estas medidas también representa una restricción para las compañías de otros países. “En comercio exterior hay que evaluar el interés de las sociedades que están pidiendo la medida porque pueden ser empresas que están demandando bienes y si se aplican salvaguardias se importan a menor precio”, comentó el decano de la Universidad Piloto.
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