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Según la Asociación Colombiana de Minería, la restricción a los envíos de este producto le costará $650.000 millones al país por concepto de impuestos y regalías
El Decreto 1047 de 2024 es la normativa que prohibe la exportación del carbón colombiano a Israel. La medida tendrá impactos en las arcas del Estado, y según la Asociación Colombiana de Minería, ACM, es una decisión inconstitucional, que viola el Plan Nacional de Desarrollo y los Tratados de Libre Comercio adquiridos por el país.
La relación comercial con Israel se fundamenta en un acuerdo de libre comercio vigente desde agosto de 2020. A la fecha, la nación de Oriente Medio representa 1% de las exportaciones que hace Colombia al mundo, según las cifras del Ministerio de Comercio.
La balanza comercial con Israel ha sido tradicionalmente positiva para Colombia. En 2023 el superávit comercial fue de US$409 millones. Al cierre del año anterior, las exportaciones alcanzaron US$449,2 millones, lo cual representó una caída de 53,6% si se compara con las cifras de 2022. De ese total, US$47,4 millones agrupa los bienes que no pertenecen al sector minero-energéticos.
Por otro lado, entre los productos más exportados están el carbón, el café sin tostar, las flores, las piezas para aviones y helicópteros, los dulces, los azúcares y las sustancias naturales, solo por mencionar algunos.
Particularmente en el caso del carbón, el año pasado Colombia exportó US$446,9 millones FOB, quiere decir que hubo una reducción de 55,65% si se compara con 2022.
De acuerdo con la ACM, el decreto le impedirá a Colombia exportar 5% del total de carbón, tomando en cuenta los balances de 2023, y que representaron ingresos por US$447 millones.
En términos fiscales, eso le quitará al Estado, por concepto de impuestos y regalías, $650.000 millones, siendo La Guajira y Cesar los departamentos más afectados por esos recortes. Según explicó la ACM cada territorio dejará de recibir cerca de $100.000 millones.
“El argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones. Esta medida debilita la confianza en los compromisos internacionales de Colombia, aumentando la incertidumbre para la inversión”, dijo Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.
El gremio minero-energético también tildó de inconstitucional el decreto, porque estaría transgrediendo los artículos 150 y 189 de la Constitución, parte del Plan Nacional de Desarrollo y algunos de los TLC, lo cual estaría “amenazando la seguridad jurídica nacional”.
El nuevo decreto plantea tres excepciones para sacar el carbón. La primera aplica para las mercancías que ya tengan la solicitud de autorización de embarque aceptada por la Dian, antes del jueves 22 de agosto, la entrada en vigencia.
La segunda es que las compañías autorizadas hubieran expedido el Certificado al Proveedor, antes de la entrada en vigencia de este decreto.
La tercera es para los negocios jurídicos perfeccionados hasta la entrada en vigencia, que generan una situación jurídica consolidada o una expectativa legítima.
“La firma de este decreto refleja que el Gobierno no tiene en cuenta los comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés, lo cual es preocupante en una democracia que se debe fortalecer”.
De acuerdo con Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel afecta a los municipios carboníferos y a las minas, entre otros actores que se lucran con dichas actividades.
“No pierde Israel, a quien no vamos a estar bloqueando, y que no le vamos a afectar su economía porque pueden comprarle el carbón a muchos otros países. Pierden los municipios carboníferos sus poblaciones, sus empleados y los proyectos mineros”, dijo el dirigente gremial, quien añadió que la medida no incidirá en el conflicto de Medio Oriente, y por el contrario, impacta a la economía nacional.
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