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Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
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las recientes medidas del Gobierno como la ley de paisaje cafetero y prohibir exportar carbón a Israel encendieron las alarmas del gremio minero
El Gobierno Nacional, por medio de los ministerios de Minas y Ambiente, firmaron recientemente un decreto donde se establecen los criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en medio de un plan de ordenamiento minero-ambiental.
Esta medida, junto a otras, como la creación de la empresa estatal de minería Ecominerales y la posible prohibición de exportar carbón a Israel ha encendido las alertas del presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, quien se refirió a los problemas que podrían causar estas iniciativas del Gobierno Nacional.
Es absolutamente cierto. El Proyecto de Ley 248 de 2024 del Senado, a diferencia de su versión anteriormente aprobada en la Cámara de Representantes, incluyó una disposición que prohíbe las actividades mineras en Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.
Esta prohibición ignora las profundas implicaciones económicas y sociales para la región que hoy cuenta con un sinnúmero de proyectos mineros en fases de exploración y explotación, sobre la base de una inexistente incompatibilidad entre las actividades mineras y las cafeteras.
La minería es una actividad esencial que, no solo proporciona materiales críticos para la construcción y la transición energética, sino que también genera empleo y desarrollo en estos departamentos.
Prohibir la minería en Colombia es una medida contraproducente y completamente inconveniente, considerando la importancia de la actividad para el sector, además de su capacidad de integrar y promover otro tipo de encadenamientos productivos.
Adicionalmente, tal y como está planteado en el referido proyecto de ley, la prohibición es inconstitucional al desconocer principios legales establecidos por la Corte Constitucional para la modificación al Código de Minas.
El proyecto adolece de serios vicios de inconstitucionalidad. La Corte ha sido enfática en que cualquier modificación al Código de Minas requiere una consulta previa con las comunidades afectadas.
Este requisito no ha sido cumplido en el trámite del Proyecto de Ley, violando flagrantemente los derechos constitucionales de las comunidades indígenas y étnicas de los departamentos afectados.
Esta omisión no solo es un atropello legal, sino que también socava la legitimidad y la justicia del proceso legislativo.
Es imprescindible que se respeten los procedimientos legales para garantizar una legislación justa y equitativa.
El impacto económico de esta ley sería devastador para Colombia. La prohibición de actividades mineras en el Eje Cafetero afectaría directamente a 51 municipios, amenazando su estabilidad económica.
Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío dependen significativamente de las industrias agrícola y minera, que son fuentes vitales de empleo y desarrollo. La minería no solo genera ingresos locales, sino que también atrae inversión extranjera esencial para el crecimiento regional.
Además, en el contexto de la transición energética, la minería de minerales como el cobre, oro y molibdeno es crucial. Restringir estas actividades elimina oportunidades de empleo y desarrollo profesional para muchos jóvenes, y obstaculiza los esfuerzos nacionales hacia una transición energética sostenible.
El Gobierno Nacional dice que dejará de exportar carbón a Israel ¿Cuánto representa ese mercado?
Las exportaciones de Colombia e Israel de carbón térmico le representan en ingresos todos los años $650.000 millones y de esos, $100.000 millones a las regiones productoras, departamentos y municipios.
En un entorno de menor recaudo fiscal, en un entorno de necesidad económica y de presupuesto a esos municipios, pero por supuesto también a la nación, este tipo de medidas sobre todo deben tener en cuenta el efecto que tiene en miles de colombianos.
A su vez, instan en que el Gobierno debe tomar una decisión consecuente con las metas que tiene el país en reducción de inflación
En el documento se lee que el aumento al salario mínimo es un incremento importante frente a la inflación proyectada para el 2024
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP
