Agencia Nacional de Tierras presentó plan de intervención para la zona del Catatumbo

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó el plan de intervención al Catatumbo con cinco componentes estratégicos buscando asegurar el retorno con garantías para la población. Desde la entidad aseguran que el principal objetivo es proteger las tierras de las comunidades que han sido desplazadas, entre ellas víctimas y firmantes de paz.

Desde la ANT señalan que el Plan Catatumbo planea acelerar la formalización de 30.000 hectáreas en el territorio, focalizando los municipios de Ábrego, Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Tibú y Sardinata.

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Esto sería con el objetivo de hacer intervención en el ordenamiento social de la propiedad, medidas sobre la titularidad, tenencias y ocupación de tierras.

De acuerdo a la entidad, ellos apoyarán la transformación de economías ilícitas, formalizando 1.500 hectáreas, donde hay presencia de coca por medio de sustitución de cultivos. Señalaron que de esta manera, además de reducirse la siembra, el campesino podrá acceder a créditos productivos y asistencia técnica.

“Esta región tiene alto grado de informalidad, garantizar seguridad jurídica es mitigar los efectos de la violencia y transformar la vocación productiva del territorio; queremos que se fortalezca la economía formal. Así se construye paz”, explicó el director de la ANT, Felipe Harman.

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Desde la entidad indicaron que "el Plan Catatumbo también tiene un componente en el que ya venía avanzando la entidad con las organizaciones sociales de base, se trata de la constitución de la Zona de Reserva Campesina “Paz y Unión del Catatumbo”, la cual pasará las próximas semanas en etapa de aprobación por parte del Consejo Directivo de la ANT".

El tercer componente aborda el reconocimiento y el adecuado aprovechamiento y conservación de áreas ecológicas. Y por último se encuentra "Fincas para la paz", la cual señalan que es una estrategia en la que se espera adquirir 3.500 hectáreas por medio de ofertas voluntarias, las cuales serán entregadas a las asociaciones campesinas y organizaciones sociales para que allí desarrollen sistemas productivos y funcionen como albergues humanitarios, siendo espacios territoriales en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.