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La alcaldesa puede expedir el POT por decreto o volver a radicar una nueva propuesta ante el Concejo de Bogotá en 2022
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ha sido un gremio que ha acompañado el proceso de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) desde que la alcaldesa, Claudia López, lo presentó ante el Concejo de Bogotá el pasado 10 de septiembre.
El 08 de diciembre se cumplió el plazo de 90 días para aprobar el POT y dado que no se logró un consenso y de que la mandataria tiene la facultad de expedirlo por decreto; a la par de varios concejales, la Andi hizo un llamado a la concertación, que hoy, dos semanas después reitera.
Este miércoles 22 de diciembre, el Presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo, “la expedición de una hoja de ruta que garantice el desarrollo económico y social de la ciudad de Bogotá en los próximos 12 años, es un hecho de la mayor relevancia. Es necesario adelantar todos los esfuerzos posibles para llegar a consensos. Hacemos nuevamente un llamado a la Alcaldesa Claudia López para que ella como líder natural del proceso guie la construcción de un proceso de diálogo y consenso”.
Por ahora la alcaldesa no ha expedido el POT por decreto y la otra opción que tiene es volver a presentar una nueva propuesta en 2022. De esta decisión depende el futuro de la capital durante 12 años y con impactos directos en competitividad, productividad y reactivación. A la vez que pueda ser "atractiva para la inversión y generadora de empleos", aseguró la Andi, para lo cual señalan que se necesita diálogo, construcción colectiva y la participación de todos los actores involucrados.
“Parece ser que la mejor alternativa que tenemos a la mano es la de llevar el POT nuevamente al Concejo de Bogotá, máxima instancia de representación democrática de la ciudad, para que cumpla con su deber de debatirlo, ajustarlo y aprobar su mejor versión, oyendo a la comunidad y construyendo entre todos”, concluyó el Presidente de la Andi a través de un comunicado.
El gremio solicitó que el aumento del salario mínimo no supere 5%, argumentando que un incremento excesivo podría agravar la situación económica del país.
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Estos incrementos se harán presentes desde los primeros días de enero y llegarán, hasta mediados de julio en la mayoría de casos