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La Agencia Nacional de Infraestructura ha salido victoriosa tras demandas impuestas por las firmas Opain y Sacyr
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dirigida por Dimitri Zaninovich informó que ha logrado ganar pleitos por $62.000 millones en los Tribunales de Arbitraje por demandas impuestas por las firmas Opain y Sacyr, encargadas del Aeropuerto El Dorado y de la autopista 4G, Puerta De Hierro-Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, respectivamente.
"Gracias al trabajo del grupo de expertos de Defensa Judicial de la Entidad, la suma pretendida por Opain en el Tribunal que inició el 9 de septiembre de 2016, se resolvió a favor de la ANI el 11 de julio de este año, ahorrándole al país más de $62.000 millones", explicó la entidad.
De acuerdo con la ANI, Opain pretendía que el Tribunal declarara que no debía un descuento de 4 % por haber incumplido las obligaciones del contrato y que el Estado a través de la ANI tuviera que reintegrar estos valores.
"El segundo Laudo, iniciado por la multinacional española Sacyr, representada por su filial para Colombia, Concesionaria Vial Montes de María S.A.S., determinó que la decisión emitida por el panel de amigables componedores que obligaba a la concesionaria a ejecutar el contrato de Concesión, era totalmente válida y que el contratista no podía excusarse en la ejecución del proyecto", explicó la entidad.
De acuerdo con la ANI, este proceso con la multinacional española inició el 15 de mayo de 2017 y se resolvió el pasado 13 de julio de 2018, en donde se determinó que la constructora tendrá que asumir los costos procesales del Tribunal.
En ese sentido, la entidad destacó que ha adelantado y respetado los debidos procesos en todos los casos en que se han presentado diferencias con las concesiones buscando garantizar la ejecución contractual, no solo en los aspectos jurídicos sino en la calidad y la ejecución de las obras.
"La defensa en los tribunales arbitrales con el grupo de expertos de ANI ha orientado su trabajo principalmente a garantizarle a los colombianos que los contratos para la construcción de la infraestructura se deben ejecutar en los tiempos y con las condiciones con las que se fijaron", explicó la entidad.
Finalmente la Agencia destacó que la defensa judicial ha evitado pagar a los concesionarios recursos por el orden de $2,4 billones en los tribunales.
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