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El debate se remonta desde la primera administración de Enrique Peñalosa, cuando se adquirieron los predios para la megaobra
La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó ampliamente la reciente decisión del Concejo de Bogotá de aprobar entre los artículos del Plan de Desarrollo, la construcción del megaproyecto vial ALO Norte. Debate que ha generado discrepancias inclusos con el Gobierno Nacional.
"Lamento y rechazo el atraco social a un millón de bogotanos de Suba y Engativá. Le robaron a Suba y Engativá la Ciudadela Educativa que estaba financiada y contratada y que incluía la construcción de: la ALO Norte urbana de 6 carriles de la calle 80 a la 153, una universidad publica, dos jardines infantiles, dos colegios, un hospital público, una manzana del cuidado, un Centro Felicidad, un parque lineal, una biblioteca, una casa de seguridad y justicia, y viviendas de interés social", dijo en su cuenta de X la exalcaldesa Claudia López.
"En conclusión, le robaron a la gente de Suba y Engativá la Ciudadela Educativa aprobada por el POT, ya financiada y contratada que sí les dejaba 6 carriles de la ALO, una universidad pública y 10 equipamientos sociales más y viviendas de interés social. El robo lo materializaron metiendo un mico ilegal que modifica el POT sin ninguna consulta ciudadana ni concertación social y ambiental, ni procedimiento legal de modificación", señaló López.
Y recalcó que la universidad pública de Suba estaba acordada y cofinanciada con el Gobierno Nacional porque fue el proyecto más votado del país para el Plan Nacional de Desarrollo en 2022.
El megaproyecto de infraestructura vial más ambicioso actualmente en Bogotá, se remonta a la historia reciente de la capital, más exactamente en la primera administración de Enrique Peñalosa, donde se estableció que los predios serían utilizados para dicha obra; que para la administración de Claudia López fue reemplazado por un proyecto educativo, para lo que sería una ciudadela universitaria, justo en los predios donde estaba proyectada la obra vial de ALO.
Aunque la Procuraduría, a finales del año pasado, solicitó la suspensión de la obra por presunta falta de transparencia, la misma fue adjudicada Galias durante los últimos días de la administración de López. El mismo, fue apoyado por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el Gobierno financiaría la ciudadela universitaria que dejó López adjudicada, con un solo proponente.
Pese a todo el contexto y posiciones políticas, el alcalde Carlos Galán celebró la decisión del Consejo, e insiste en que la obra es una deuda con los capitalinos.
"Presentamos una serie de artículos encaminados a la viabilización de la Avenida Longitudinal de Occidente Norte hasta la Avenida 153, garantizando los más altos estándares ambientales, en el marco de lo que permite el Plan de Ordenamiento Territorial que estableció la anterior administración", dijo el mandatario.
La megaobra también busca impactar la movilidad en la entrada y la salida de Bogotá por el norte. Según lo planteado, el proyecto vial cobija los predios del Distrito para la Avenida Longitudinal de Occidente entre la calle 80 y la calle 153. Y la licitación del mismo estaría avaluado en $384.000 millones.
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