La comunidad y autoridades antioqueñas cierran filas contra el proyecto Quebradona

Por estos días se escribe un nuevo episodio en la trama de la minera AngloGold Ashanti y su proyecto de cobre Quebradona, ubicado entre Jericó y Tamésis, Antioquia, pues cada vez aparecen conceptos desfavorables para su licencia y desarrollo.

Luego de que algunas instituciones como Comfama desistieran de hacer proyectos sociales por los grandes impactos de la mina, y de que se registraran investigaciones por presuntos malos manejos presupuestales entre la compañía y la Alcaldía de Jericó, al resumen de problemáticas que traería la mina se suma ahora que las autoridades de control y la comunidad siguen revelando los impactos del desarrollo de la eventual explotación en el Suroccidente del departamento.

Entre los que develaron las malas consecuencias de la obra están la Procuraduría Ambiental y Agraria de Antioquia, la Secretaría de Minas de Antioquia, la Gobernación de Antioquia, y hasta congresistas como Angélica Lozano y Germán Alcides Blanco.

Estas voces cobran relevancia pues la comunidad aledaña ha hecho notar su descontento. En los últimos meses se han venido presentando protestas y se han unido entorno a la campaña #SalvemosalSuroeste, en la que además de la comunidad de la zona, organizaciones como DeJusticia, Greenpeace, Movimiento Nacional Ambiental, Alianza Suroeste, cinco resguardos Emberá-Chamíes y la Mesa Técnica del Suroeste luchan por evitar el proyecto de Anglogold Ashanti.

Todas las voces dan cuenta del impacto social, económico, y principalmente ambiental que traería la mina. En este caso, la Procuraduría indicó en dos cartas enviadas tanto al director de la Anla, Rodrigo Suárez, como al gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, que el proceso de explotación modificaría de manera significativa la geoforma del área a trabajar, por lo que señaló que hay un riesgo severo.

En primer lugar, el organismo de vigilancia destacó que uno de los problemas que se deben tener en cuenta es la afectación que podría llegar a hacerle al río Cauca, además, recalcó que, si llegará a ocurrir un colapso en los sedimentos, esto generaría un problema en la condiciones de monitoreo y seguimiento dentro del licenciamiento de Hidroituango, proyecto crucial para el sistema de energía nacional, por lo que se solicitó a EPM si adelantaba un estudio sobre un eventual impacto.

Las misivas también señalan que, de otorgar la licencia sin haber subsanado los errores que ya encontró la Procuraduría en los avances que ha entregado Anglogold, habría posibilidades de deslizamientos, desprendimientos y hundimientos en los municipios.

Aunado a esto están las fallas que tienen que ver con el recurso hídrico, pues el organismo advierte que podría haber una disminución de los caudales de las fuentes, que afectarían la presa.

Fernando Jaramillo, veedor de Jericó, aseguró que esta iniciativa de la Procuraduría demuestra el compromiso con la tarea de cuidar del medio ambiente. “Esto es muy importante porque una de las funciones también es el cuidado del medio ambiente, los ecosistemas en el Suroeste están comprometidos con este proyecto y los ríos y montañas se encuentran muy amenazados”.

A la voz de las organizaciones sociales, y de incluso, entes como ProAntioquia, varios congresistas y concejales dejaron ver su descontento al señalar que son más de 100 los requerimientos sobre su estudio ambiental, que varias autoridades como la Gobernación y la Anla le han hecho a la minera, y está no ha mostrado una rectificación de los mismos, y los 60 días que da la ley para estudiarlos no son suficientes. Por esto piden que se niegue el licenciamiento ambiental.

Parte de esos requerimientos tiene se enfocan en el agua, pues aún no responden cómo se hará para no afectar con la falta del recurso a las poblaciones de Támesis y Jericó.

No obstante, expertos del sector minero como Leonardo Guiza, aseguran que esto no tiene argumentos técnicos, sino que se trata de un compromiso político de los políticos.