La contratación pública se reduce cerca de 25% por la Ley de Garantías Electorales

Aunque ya es un viejo conocido, el período electoral que se viene el otro año, hace que las entidades públicas aceleren sus trámites y contratos, por cuenta de la Ley de Garantías, que este año comenzará a regir en noviembre y que pone a correr a las instituciones.

Esta Ley se creó como mecanismo de protección de los recursos públicos y que no fueran dirigidos a actividades proselitistas o electorales y deja, en promedio, una contracción de 25% en la contratación pública durante su vigencia.

Y es que las distorsiones en contratación son evidentes. Las contrataciones directas, que quedarán restringidas a partir del 27 de enero del otro año, de acuerdo con la circular que expidió el Gobierno, son las más afectadas.

Por ejemplo, de acuerdo con información de Colombia Compra Eficiente, durante el primer semestre de 2014, periodo que estuvo atado a la Ley de Garantías, se ejecutaron $21 billones a través de 238.339 contratos directos, mientras que en 2015, ya sin la ley, este monto se incrementó hasta $25 billones.

Caso contrario se vio en enero de 2014, días antes de comenzar la restricción. En ese mes se contrataron directamente más de $7 billones, cuando en un enero no electoral, como fue en 2013, la contratación sumó apenas cerca de $3 billones.

Sin embargo, el director de esta entidad, Juan David Duque, señaló que “con los datos del sistema electrónico de contratación pública, observamos que de acuerdo al comportamiento de la última Ley de Garantías las contrataciones no se dispararon una vez se acabó la Ley”.

Por otro lado, están con los convenios interadministrativos, que afectan las grandes obras del país, por su modelo de contratación. Si bien la Ley no frena licitaciones, puede bloquear algunos cumplimientos legales. El primer susto vino con el metro de Bogotá, que tuvo que acelerar su trámite para antes del 11 de noviembre, fecha en la que se bloquean estos convenios.

En lo corrido del año, Colombia Compra Eficiente reportó que las entidades estatales han ejecutado $4 billones en convenios interadministrativos y que no se espera un gran sobresalto, según Duque. De hecho, aunque hay grandes obras que se adelantan en los territorios, todas tienen en sus tiempos la Ley de Garantías.

En el caso de Cundinamarca, el proyecto Regiotram, que unirá a Facacativá y a Bogotá, con un costo de $5,5 billones, ya está en las cuentas del gobernador Jorge Rey, quien ha dicho que la obra no se verá afectada y espera la firma del Conpes.

Justamente, en pasados días, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llamó la atención de los departamentos, para que “las entidades territoriales radiquen los proyectos y hacer el seguimiento respectivo que permita agilizar el trámite. Esto permitirá que se culmine el proceso lo más pronto posible”.

La nueva licitación de la APP para el Río Magdalena estaría abierta también antes de la Ley, pues solo está pendiente de formalizar la liquidación con Navelena, mientras que, según la Agencia Nacional de Infraestructura, la adjudicación de la APP para la modernización del Aeropuerto Rafael Nuñez en Cartagena, estaría en enero del otro año.