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La Corte Constitucional
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Uno de los decretos permitía la integración vertical de Ecopetrol e ISA para avances tecnológicos y proyectos de energías renovables
La Corte Constitucional ha tumbado en total ocho decretos de la emergencia económica en La Guajira. Recientemente, tumbó el 1276 de 2023, que planteaba medidas respecto a transición energética y que involucraba a la empresa más grande del país, Ecopetrol.
La compañía estaba contemplada para desplegar proyectos de generación de fuentes no convencionales de energía renovable. El decreto dictaba que "se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira".
Este decreto permitía la integración vertical de Ecopetrol e ISA para avances tecnológicos y proyectos de energías renovables en el departamento, lo cual ya no se hará por la decisión de la Corte.
Desde que se declaró inexequible el decreto de la emergencia económica y ambiental en La Guajira, el pasado 2 de octubre, se presentía que el resto de decretos verían el efecto dominó.
En ese momento, la Corte concedió efectos diferidos a esta decisión por el término de un año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua. Esto significa que la Corte tumbó todos lo decretos con excepción del que buscaba mitigar la problemática del agua potable en la Guajira.
Otro de los decretos que tumbó la Corte recientemente fue el 1250 de 2023 en el cual se adoptaron medidas en cuanto al agua y el saneamiento básico para el departamento de La Guajira y se le daban facultades al Ministerio de Vivienda para financiar proyectos con este objetivo.
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El decreto además pretende fortalecer el control sobre este tipo de operaciones de suerte y azar, incrementando las transferencias destinadas a la salud.
La ponencia positiva fue radicada, entre otros, por los senadores Wilson Arias y Martha Peralta, de la coalición del Pacto Histórico
