La cosecha de la hoja de coca podría llegar a costar aproximadamente $3 billones

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La producción de hoja de coca sigue siendo un factor clave en la economía de diversas regiones rurales de Colombia. Debido a la falta de alternativas productivas viables, y más allá de la relación que hay con el narcotráfico, el cultivo de coca puede representar una fuente de ingresos para miles de familias campesinas. Aun así, la economía ilícita generada tiene impactos directos en el comercio local, el empleo e incluso el flujo de divisas en el país.

Según la ONU, en 2023 Colombia registró un récord histórico de la producción de esta droga, con 2.600 toneladas anuales, lo que fue más de 53% en comparación con 2022, además que aumentó 10% los cultivos.

El negocio de la coca se entiende de la siguiente manera: este cultivo supera en hectáreas a productos como el aguacate, banano, entre otros, pero si se convierte a precio por kilo es diferente. Un kilo de hoja de coca, el año pasado, se encontraba en $1.600 y un kilo de aguacate o banano se encontraban en $6.300 y $4.560, respectivamente.

Es decir, si se compran los cultivos de El Plateado, Cauca, donde hay cerca de 13.000 hectáreas, y teniendo en cuenta que cada hectárea de coca produce 7.600 kilos al año, según la ONU, al Gobierno le costaría $153.000 millones. Si se compran todas las hectáreas, es decir, 253.000, la cifra llega a $3 billones.

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Lucas Marín, estudiante doctoral en Northwestern e investigador afiliado al Cesed, explicó que “en promedio anual, la bonanza cocalera aumentó el PIB municipal entre 2,8% y 10,5%. Esto sugiere unos cambios sustanciales en la actividad económica que se derivan de este sector en los municipios en los cuales se desarrolla esta economía”, señaló.

Exclusión de la hoja de coca

En días pasados, la canciller Laura Sarabia solicitó en las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas.

“La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, dijo Sarabia.

Para Marín, la criminalización de la hoja ha justificado las medidas represivas de erradicación forzada manual y de aspersión aérea. Y agregó, “la guerra contra las drogas, que ha criminalizado la hoja de coca, resultó siendo una guerra contra el campesinado y contra las comunidades más vulnerables”. Por lo cual, según Marín, la regulación de este mercado permitiría reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y de comunidades campesinas que han sido víctimas. Cabe señalar, que hasta la fecha no se conoce el dato de producción de cierre de 2024, y hay temor porque a Colombia le quiten la certificación de la lucha antidrogas.

En ese sentido, el experto dijo que la regulación no resolverá los problemas de violencia y de narcotráfico que hay en el país y “tal como sucedió con la regulación del cannabis para uso medicinal, las licencias y la estructura del mercado excluyó a las comunidades campesinas e indígenas que participaban en esta economía. Esto debe evitarse con la regulación de los usos alternativos e industriales de la hoja de coca”.

La producción en la población

Angie Tatiana Ortega, docente Facultad de Ingenierías Universidad de América, señaló que, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, y el Gobierno colombiano, alrededor de 200.000 familias rurales dependen directa o indirectamente de la producción de hoja de coca como fuente de ingreso. “Esto representa aproximadamente 1,5% de la población rural colombiana (que ronda los 13 millones de personas). En regiones como el Catatumbo, Putumayo y Caquetá, este porcentaje puede ser mucho mayor, llegando a 20%-30% en algunas comunidades”, señaló Ortega.