La crisis del covid-19 podría embolatar el próximo pago de la prima de mitad de año

En un mes y medio se cumple el plazo para que los empleados formales reciban la prima de mitad de año. El problema es que la crisis y las fuertes caídas en ingresos que proyectan las empresas al cierre del segundo trimestre llevaron a que desde ya se empiecen a contemplar ideas como la de aplazar el giro de esos recursos esperados por los trabajadores.

Atrapados por la pandemia y la reactivación inicial, algunos miembros del empresariado han dicho que no sería raro que se revisen pagos como el de este beneficio, que según estimaciones de Fenalco, en este semestre significaría un gasto de hasta $7 billones.

El debate volvió a la luz hace poco, cuando Alberto Echavarría, vicepresidente de asuntos jurídicos de la Andi, propuso aplazar el pago de la prima en máximo 180 días, es decir, hasta diciembre.

“Nosotros somos muy conscientes de que no se pueden desmejorar o afectar los derechos sociales de los trabajadores, pero tienen que hacer un aporte a la situación crítica que vive este país, porque es un aporte colectivo de todos, del Gobierno, de los empresarios, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto”, dijo Echavarría, en medio de un foro del Senado de la República.

Para algunos empresarios, esta consideración debería ser tenida en cuenta por el Gobierno, mientras se hace un ajuste de las cuentas de las compañías, haciendo énfasis en las de menores ingresos. Por eso, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, señaló que esta podría ser una de esas herramientas para hacer frente a la crisis.

“Planteamos que, como a lo largo del año la situación seguirá siendo compleja, las primas de junio y diciembre también se puedan pagar más adelante”, comentó la ejecutiva.

A eso se suman otro tipo de propuestas que para el sector trabajador pueden ser sensibles, como que “pedimos que los domingos sean tratados como días ordinarios para poder plantear turnos escalonados y que las jornadas sean completas. Pero eso no significa eliminar los dominicales, sino que el costo adicional que arrojen esas horas se pueda pagar después de la crisis, en concertación con el trabajador”, comentó Quintero.

A finales de la semana pasada, en redes sociales aparecían comentarios de todo tipo, especialmente de las personas que no estaban de acuerdo por la cancelación o aplazamiento del desembolso. La prestación social debería llegar a entre seis y siete millones de trabajadores, según cálculos del año pasado, de la Universidad Nacional, y del total, 65% la usa para el pago de deudas; seguido de 15% que las utiliza para comprar de bienes como electrodomésticos y alimentos.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hizo un llamado a la conciliación y acuerdos entre ambas partes. Según dijo, “ante la coyuntura actual, las empresas deben continuar con sus trabajadores en la senda del progreso social. Buscar el entendimiento recíproco es la mejor alternativa, para salir de la crisis y seguir adelante. Por eso se deben explorar todas las ideas y propuestas en tal propósito. El objetivo primordial de todos debe ser la defensa del empleo”.