"La equidad para repartir los ingresos en diversas regiones es pilar de la nueva Ley de Regalías"

A finales de septiembre, el presidente Iván Duque sancionó la nueva Ley de regalías, o también conocida como la reforma al Sistema General de Regalías (SGR). La cual, según él, es un mecanismo de reactivación en las regiones por la crisis actual.

El proyecto y su implementación ha venido siendo liderado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual dirige Luis Alberto Rodríguez. El funcionario explicó en el último Foro LR el alcance de este articulado y dijo que esta nueva ley es una base para que haya “más equidad en la distribución de recursos en las regiones”.

Precisamente, este punto tiene como fundamento los recursos e inversión social prioritaria para municipios nivel 5 y 6, que normalmente no tienen una fuente de ingresos sólidos. Además, 85% de estos municipios son de menos de $10.000 millones de dineros propios.

Por ello, hay que tener en cuenta que, con la Ley, los municipios y los departamentos tendrán disponibles en el periodo 2020-2021 más de $15,7 billones para inversión social directa. Esta cifra incluye asignaciones directas para las regiones productoras, las cuales se estiman en más de $3,8 billones; la asignación local que recibirán los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas por cerca de $2 billones; recursos para la inversión regional por más de $5,2 billones y saldos no comprometidos de vigencias anteriores, priorizando inversiones en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico.

Rodríguez resaltó cómo también se busca atacar al exceso de burocracia en medio de los trámites de proyectos de inversión en las regiones. Por ejemplo, la descentralización de las entidades territoriales al pasar de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), a solo ocho. Para muchos, estos eran espacios que requerían de un gran esfuerzo en términos de tiempo para estudiar una propuesta sobre algún proyecto que necesitaba una comunidad o zona.

Ahora, con la reducción de ellos se pretende ser más eficientes en términos de tiempos. En su momento, el presidente Duque también dijo que, detrás de los cambios que se vienen con la nueva Ley de Regalías se cumple la promesa de campaña en la que mencionaba que se deben llevar más regalías para las regiones productoras que le apuestan a la producción de los minerales e hidrocarburos.

En este punto, las asignaciones directas para esas regiones se duplican, al pasar de 11% a 25%, y se estima que para el próximo bienio ascenderán a un monto cercano a $4 billones.

Los departamentos con mayores asignaciones son Meta, que pasa de recibir más de $650.000 millones en el bienio 2019-2020 a más de $1 billón para el bienio 2021-2022. Le siguen Casanare, que pasa de cerca de $300.000 millones a más de $670.000 millones y Cesar, de más de $230.000 millones a más de $475.000 millones.

Desde la Casa de Nariño y el DNP han destacado que la reforma también promueve la equidad con más recursos para los municipios más pobres: más de 1.000 pequeñas zonas con mayores necesidades básicas insatisfechas serán beneficiadas con asignaciones que pasan de 10,7% a 15%. Igualmente, se mantiene la inversión regional de 34% para proyectos de impacto regional con criterios de población, pobreza y desempleo. El Gobierno ya definió los planes de trabajo y la Ley ya empieza sus primeras acciones.

“Habrá mayor control de los recursos y su vigilancia”
En su presentación en el foro, Rodríguez también reconoció que, dentro de la nueva Ley, la reforma genera que exista más acceso a la información por parte de entidades como la Contraloría y la Procuraduría. “Ahora lo que vemos es que la participación ciudadana avanzó, básicamente algo que se cambió fue que, si había mayor participación ciudadana la tarea, hasta de la Contraloría, es más fácil porque hay datos más abiertos. Habrá un mejor seguimiento a las regalías, porque está ese activo, que son los datos”.

“Esto es un aporte a la reducción en las demoras de las entidades”
El exdirector del DNP, Simón Gaviria, recordó que previo a la implementación de la reforma había trámites que dependían de varias entidades y generaba un represamiento de las iniciativas o tiempos largos. Puso como ejemplo el desarrollo de un acueducto en algún municipio, “para esto tenía que haber un estudio del Ministerio de Vivienda, luego del Invias, de otras entidades. Y como estas no eran prioridades de las carteras pasaba esto. Así que la nueva Ley es un aporte a la reducción en demoras por quién toma decisiones”, dijo.