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Hay 276 reses, de los últimos dos brotes reportados, que ya comenzaron a ser sacrificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Mucho se ha especulado sobre la factura que la fiebre aftosa le pasará a la economía. Aunque algunos sectores aseguren que el impacto no se verá en los precios al consumidor, porque la producción cubre la demanda. Sin embargo, es evidente que tan solo con el cierre del mercado ruso, que representa 45% de las exportaciones cárnicas, las consecuencias se sentirán en el bolsillo de los ganaderos.
Según un estudio preliminar realizado por la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas (Unaga), en total son 25.000 las familias afectadas por los brotes de aftosa, siendo la zona cuarentenada de Tame (Arauca) la que más concentra con 9.328. Le sigue San Faustino (Cúcuta) y Tibacuy (Cundinamarca), los dos últimos brotes reportados, con un estimado de 6.491 familias, el Magdalena Medio con 6.078 y por último, los municipios con medida preventiva en el Casanare suman que 3.103.
Según Ricardo Sánchez, presidente del gremio, estas “corresponden a 5,43% de las familias ganaderas”, teniendo en cuenta que hay más de 400.000 familias dedicadas a esta actividad económica. Entonces, el principal impacto ha sido la imposibilidad de comercializar los animales, porque las medidas preventivas implementadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) restringen la movilización de reses y por lo tanto su sacrificio.
Por eso, Pablo Londoño, presidente del Comité de Ganaderos de La Dorada, afirmó que están esperando que el Ministerio de Agricultura no solo atienda los problemas de contrabando para evitar la propagación del virus, sino que acepte que los ganaderos afectados puedan pagar hasta dentro de tres meses las cuota de sus créditos porque “se van a represar los ganados y se comenzará a incumplir a los bancos”.
En respuesta, el Ministerio de Agricultura determinó que solo los clientes del Banco Agrario que tengan créditos vigentes en ganadería, desembolsados en los municipios declarados en cuarentena, podrán recibir una prórroga en el pago hasta de 90 días. Pero con la condición de presentar los registros de vacunación de todo su ganado. Una iniciativa con la que se busca evitar el crecimiento de la cartera vencida.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que se está buscando enviar dentro de los próximas días un buque con 10.000 cabezas de ganado a Egipto, para aliviar el impacto negativo que ha tenido el cierre de los mercados internacionales sobre los ganaderos de la costa Caribe, que aunque no tienen brotes de aftosa confirmados, si han tenido que buscar nuevos mercados al interior del país, para contrarrestar las pérdidas por los vetos. Además, se pagará una compensación económica por las 276 reses que ya comenzaron a ser sacrificadas por los últimos dos brotes reportados.
“El precio del ganado en Venezuela puede responder al poco consumo de sus habitantes porque el poder adquisitivo es muy bajo”.
Contrabando, motivado por bajo precio
Un novillo gordo en Venezuela puede costar $300.000, mientras que en Colombia se paga a $2.200.000. Una situación que responde a la baja capacidad adquisitiva de los venezolanos, entre otros problemas y que termina incentivando el contrabando. Además, se ha estimado que esta actividad ilegal impacta 20% el mercado de carne colombiano y 10% el de leche. Por eso, una de las alianzas gubernamentales busca atacar esta problemática reforzando los 73 puestos de control, que ya existen en frontera, y sacrificando los animales incautados en el sitio de aprehensión.
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