La JEP instala mesa técnica para preservar archivos de inteligencia del DAS

Durante la instalación de la mesa técnica para la preservación de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se escucharon voces para que se realice un adecuado manejo de esos expedientes con el fin de que contribuyan a esclarecer algunos episodios del conflicto colombiano.

La mesa es presidida por el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien escuchó a delegados de entidades gubernamentales, organismos multilaterales internacionales y colectivos de derechos humanos.

Voceros de estos últimos señalaron que existe un riesgo latente en la conservación de los miles de expedientes relacionados con inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados de la desaparecida entidad.

Sebastián Escobar Uribe, quien dijo representar a varias organizaciones, entre ellas el colectivo José Alvear Restrepo, solicitó que los archivos sean declarados como documentación de derechos humanos toda vez que desde el DAS se concertaron violaciones a los derechos humanos.

“Basta recordar la promoción de grupos paramilitares, como en el Magdalena Medio, la participación en magnicidios, desapariciones forzosas y la desviación de investigaciones como la del caso del crimen de Jaime Garzón”, señaló Escobar.

Para María Victoria Llorente, de la fundación Ideas para la Paz, uno de los grandes tropiezos en este tema es que se desconoce el universo que conforma el archivo del desaparecido DAS y que, partiendo de esa base, no se pueden hacer recomendaciones sobre el manejo del mismo.

Añade que para que ellos, como organización, puedan dar esas sugerencias es primordial que se establezca primero cuál será el nivel y protocolo de acceso que tendrán a esos registros.

“Aunque es de resaltar que es una mesa técnica multidisciplinaria, tenemos que saber cómo nos vamos a organizar y cuáles serán las responsabilidades de cada uno, ya que somos organizaciones distintas y con intereses muy distintos”, destacó Llorente.

A su turno, el delegado de la Dirección Nacional de Inteligencia señaló que desde esa entidad hay personas a cargo del manejo y consulta de la información contenida en los archivos.

Ante esto, el magistrado Parra sostuvo que es imperioso contestar cómo se designan esos funcionarios y cuáles son los criterios de selección que se tienen en cuenta para que cumplan esta misión. Según el togado, esta función ha de tenerse en cuenta porque no se sabe con certeza del material probatorio que contienen los documentos.

“En el caso puntual de la DNI hay que aclarar si los funcionarios que hacen acompañamiento a las tareas de consulta de los archivos son funcionarios que aún desarrollan labores de inteligencia dentro de la institución”, indicó Parra.

También le pidió a la Fiscalía que informe hacia dónde fueron remitidos algunos expedientes y si tienen alguna relación con procesos que se estén llevando actualmente ante un juez. De igual forma, pidió que se detalle la condición en la que están los archivos extraídos en medios digitales.

Desde la JEP se le pidió a la Procuraduría que precisen si entre sus expedientes disciplinarios existen investigaciones a funcionarios que hayan sido vinculados con la destrucción o eliminación de archivos.

“Eso nos sirve de perspectiva histórica, puede que sean investigaciones de hace diez años o 15 años. Pero toda esa información es útil respecto de datos que pudieron haber sido destruidos”, enfatizó el magistrado.

Las entidades requeridas tendrán que entregar sus respuestas en otra audiencia que fue citada por la mesa para el próximo 18 de febrero y tras escuchar de nuevo a las partes se indicarán los lineamientos que se seguirán con los reportes elaborados por los agentes del desaparecido organismo de inteligencia.