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En lo corrido del año, tras 3.984 eventos desatados, 546.215 personas han resultado afectadas, según nuevo reporte de la Ungrd
Con más de 500 zonas en riesgo de deslizamiento, el fenómeno de La Niña sigue alertando a mandatarios y comunidades, quienes adelantan planes de contingencia para que las cifras de damnificados no sigan escalando.
Del primero de enero de este año, a la fecha, más de 546.215 personas han resultado afectadas por la temporada de lluvias, según registra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Si bien la cifra todavía no supera el balance de 2021, cuando hubo 589.572 afectados, los casos fatales sí lo hacen.
Mientras el año pasado se registraron 126 muertes, 153 heridos y 11 desaparecidos, en lo corrido del año van 226 muertes, 226 heridos y 49 desaparecidos. El incremento en la cifra también responde a un mayor número de eventos entre año y año, 3.984 en 2022 y 2.665 en todo 2021.
Si se revisa el panorama de 2021 y 2022, frente al año de la pandemia, el número de eventos es menor, 1.560 con 31 departamentos afectados y 637 municipios. No obstante, el número de afectados es más alto con 597.974 personas.
“El fenómeno empezó en mayo y dicen que se va a terminar en julio, más o menos, eso es importante porque la emergencia no ha terminado. Todos vimos lo que pasó en Bogotá hace unos días con La Calera, ¿quiere decir que tras este evento ya pasó la emergencia? Seguimos en crisis”, dice Everardo Murillo Sánchez, consultor internacional de gestión de riesgo.
Precisamente, Cundinamarca es una de las zonas más afectadas por la temporada, con más de 94 zonas en riesgo alto, medio o bajo de deslizamiento. Y si se revisa el número de familias afectadas, la cifra, según reporta la Gobernación de Cundinamarca es de 2.105 y más de 8.577 personas, casi 2% del total nacional.
En el conteo de daños también aparecen las más de 1.817 hectáreas afectadas, que también pasan factura al agro y a la disponibilidad de alimentos, en la zona y en el país.
Por ahora, 51 de los municipios del departamento han reportado deslizamientos e inundaciones. Aparecen La Peña, Girardot, Viotá, Tena, Soacha, Silvania, Caparrapí, Gachancipá, Cabrera, Venecia, Ubalá, Cucunubá, Útica, Villeta, Cogua, La Calera, Granada, Tabio, Pacho, El Peñón, San Cayetano, Madrid, Pandi, Villapinzón, Facatativá, Arbeláez, Zipaquirá, Bituima, Cachipay, San Juan de Rioseco, Viani, El Colegio, La Mesa, Guaduas, La Palma, Suesca, Quebradanegra, Guasca, Nocaima, Chipaque, Fómeque, Nimaima, Cáqueza, Sesquilé, San Francisco, Tausa, Anapoima, Tibacuy, La Vega, San Antonio del Tequendama y Yacopí.
En octubre, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García declaró calamidad pública, una medida que se ha aplicado en varias regiones, para atender emergencias como deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas, granizadas y tormentas eléctricas, que a la fecha han dejado afectaciones en más de 100 municipios y tienen en alerta a 13 departamentos.
En Yacopí, que es uno de los tres municipios que se encuentra en alerta roja (junto con Guaduas y Tibirita) se han dispuesto más de 15 combos de maquinaria, según reportó el Gobernador, para apoyar con la creciente de los ríos y los deslizamientos.
Para Murillo Sánchez es importante que ante estos casos las autoridades y el Gobierno estén en constante revisión de los afectados y damnificados, dado a que no es sencillo generar un censo con fecha final, pues las lluvias no se detienen.
“No es como en Armenia cuando hubo el terremoto, por ejemplo, que a la semana ya se podía tener un censo cerrado, ya pasa la emergencia y se atiende la crisis, aquí no se ha detenido. Y ese censo solo se puede hacer cuando termine, lo mismo pasa con el tema del presupuesto para atenderla”, añadió el experto.
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