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Según el plan de desarrollo, se necesita una regulación que se adapte a la nueva realidad migratoria que vive el país. Por ello, cancillería trabajará en una nueva normativa
Si bien desde octubre del año pasado el canciller Carlos Holmes Trujillo había anunciado la creación de una nueva Ley migratoria, será por medio del Plan Nacional de Desarrollo que se introduzca un cambio en la regulación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Las normas que se tienen parten de la base de que Colombia es un país emisor de inmigrantes. Las circunstancias actuales demuestran que también es receptor, situación que apunta a crear un marco legal para atender esa nueva realidad”, aseguró en ese entonces el ministro de Relaciones Exteriores.
Dentro de las bases del proyecto que regirá al país durante los próximos cuatro años, está la adaptación de una ‘política migratoria integral’, con la que se busca, por un lado, facilitar la movilidad de los colombianos, y por el otro “hacer de Colombia un polo de atracción para el retorno y la migración calificada”.
El proyecto establece que la creación de la política pública se enfocará en estrategias para atender tres categorías de migrantes: colombianos en el exterior, retornados y extranjeros en Colombia. Para ello, el Ministerio elevará en principio la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano a la categoría de Viceministerio.
“Si bien la dirección de política migratoria está en cabeza del Ministerio, las autoridades encargadas de los asuntos migratorios son Migración Colombia, encargado de la inmigración hacia Colombia, y el programa ‘Colombia nos une’, que tiene que ver con los colombianos en el exterior y también con el retorno”, comenta Alexandra Castro, directora del Observatorio de Migraciones Internacionales de la U. Externado, quien enfatiza en el hecho de que son funciones muy importantes en el Estado pero que no tienen un gran peso institucional en el sistema colombiano.
“En otros países es incluso un ministerio la autoridad que se encarga de los asuntos migratorios”, asegura Castro. La abogada sostiene que desde 2009 en el país se presentó un Conpes que revisaba la importancia de dar más peso institucional a esta labor, pero que una década después no se ha concretado.
Según el Plan de Desarrollo, desde este viceministerio se trabajará también en “una política de atracción e inserción efectiva de la migración y el retorno calificado, con arreglo a las necesidades del país”, y en una estrategia integral y de largo plazo, no solo para la gestión y atención del flujo migratorio, sino para la integración económica y social de los migrantes procedentes de Venezuela”.
“Realmente no es un cambio de política, es la adaptación a una serie de circunstancias que se han venido desarrollando desde que nos golpeó el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela”, asegura Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la U. del Rosario. Según Rodríguez, el Estado colombiano nunca tuvo una política clara migratoria “porque Colombia no era un país receptor de migrantes”.
Por ello, el documento también propone la creación de una ‘política integral de fronteras’, para impulsar “ajustes normativos necesarios”. Por medio de esta política, el Plan de Desarrollo también contempla la creación de un modelo de seguridad multidimensional en zonas de frontera que aproveche y consolide los instrumentos y mecanismos de cooperación binacional existentes.
“Nuestras instituciones nunca se habían diseñado para recibir un flujo migratorio como el que estamos recibiendo y hemos tenido que aprender a hacerlo en estos tres años”, concluye Rodríguez.
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