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La entidad calcula que unos 4,3 millones de venezolanos han huido de la inestabilidad económica y política que vive su país.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, pidió este domingo más ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos que están escapando a los países vecinos, donde están colapsando los servicios sociales y generando tensión a nivel local.
Grandi tenía previsto visitar la localidad fronteriza brasileña de Pacaraima este fin de semana. Sin embargo, las autoridades le aconsejaron que la cancelara por las protestas de los residentes molestos con la llegada de más de 500 venezolanos al día.
Habitantes de Pacaraima cerraron sus tiendas el sábado y se manifestaron por las calles al grito de "Fuera los venezolanos", "Pacaraima es nuestro", "Fuera la ONU" y "Brasil para los brasileños".
Bajo este panorama, la ONU calcula que unos 4,3 millones de venezolanos han huido de la inestabilidad económica y política que vive su país, sobre todo con destino a Colombia -donde hay 1,2 millones-, Perú, Chile y Ecuador. Unos 180.000 se han quedado en Brasil.
La ONU y varias ONGs pusieron en marcha una petición humanitaria de US$770 millones a comienzos de año y han recibido menos de US$180 millones, aseguró Grandi, en una entrevista telefónica tras visitar Chile y Brasil.
"Esta es realmente una de las peticiones humanitarias con más baja financiación en el mundo para una de las mayores crisis", señaló.
Instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están comprometidos, pero deben acelerar su asistencia para ayudar a mantener los sistemas de salud y educación, indicó.
"Protegemos a los más vulnerables, pero el resto debe ser realizado por actores mayores con más dinero, y no veo que eso esté pasando aún en ninguna parte de la región", afirmó.
Grandi dijo que hay señales de una propagación del sentimiento antiinmigratorio en la región, reflejado en el aumento de las restricciones al movimiento de los venezolanos en los países andinos.
La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación sobre el estado de la salud pública y la sostenibilidad financiera de las EPS
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