"La política fiscal colombiana mantiene y perpetúa el nivel de desigualdad que existe"

La economista Juliana Londoño Vélez siempre estuvo interesada en estudiar el fenómeno de la desigualdad de ingresos. Durante su maestría en Paris School of Economics, la hija de Juan Luis Londoño de la Cuesta, quien falleció en 2003 cuando se desempeñaba como ministro de Protección Social, no solo tuvo la oportunidad de tener al reconocido Thomas Piketty como profesor sino que más tarde el autor de ‘El Capital en el Siglo XXI’ le asesoró su tesis y terminó siendo co-autora de un paper que él supervisó. Ahora es profesora adjunta de Economía en la Universidad de California en Los Ángeles. En entrevista con LR, habló sobre el problema de la desigualdad y qué se puede hacer de cara a la siguiente reforma tributaria.

¿Qué tan grave es el problema de la desigualdad social y económica que hay en Colombia?
Colombia se destaca por ser un país con un alto nivel de desigualdad de ingresos, y esto realmente sin importar cómo midamos la desigualdad. Es decir, si utilizamos encuestas de hogar para calcular el coeficiente de Gini, o si lo medimos con las declaraciones tributarias para estimar qué porcentaje del ingreso nacional le pertenece a ese 1% más rico de la población adulta, el resultado es el mismo: somos un país muy desigual.

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Y contrario a lo que ocurre en países de la Ocde, en Colombia el sistema de impuestos y transferencias no ayuda a reducir esta desigualdad. Si uno compara el coeficiente de Gini antes y después de los impuestos y las transferencias, el coeficiente es casi el mismo. Esto implica que, contrario a redistribuir, la política fiscal colombiana mantiene y perpetúa el nivel de desigualdad en la región.

¿Y cómo se llegó a ese punto?
Tenemos por lo menos tres problemas fundamentales. Primero, una informalidad muy alta. Esto es, informalidad laboral, con personas trabajando en empleos vulnerables; así como informalidad empresarial, con muchas empresas evadiendo sus obligaciones y operando sin un control del Estado.

El segundo problema es la ilegalidad. Encuestas de opinión como World Values Survey constantemente nos indican que la cultura tributaria, es decir, la convicción en la importancia de contribuir al fisco y pagar los impuestos, es baja en América Latina. Esto puede deberse, por ejemplo, a la percepción de corrupción e implica que los niveles de evasión pueden ser altos.

Y el tercer problema es la complejidad del sistema tributario. Nos hace más vulnerables a la corrupción, genera distorsiones reales y empeora la equidad horizontal y vertical.

¿Qué tantos impuestos se pagan en Colombia frente a otros países?
Todo esto resulta en que los impuestos, expresados como porcentaje del PIB, son bajos en Colombia: 19,4% comparado con 34,3% en los países de la Ocde. Si los gobiernos no tienen recursos suficientes, tendrán una capacidad débil para redistribuir a través de transferencias entregadas a los hogares más pobres.

Por último, el “tax mix” o la composición de nuestros impuestos no es ideal: los impuestos recaen desproporcionadamente sobre aquellos indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA), que tiende a ser regresivo. En cambio, el impuesto a la renta-que es un impuesto “directo” en la medida en que toma en cuenta la capacidad de pago del contribuyente- es una cuarta parte que en los países de la Ocde. Todo esto resulta en que Colombia sea un país desigual y que la política tributaria actual no esté cumpliendo un rol redistributivo para reducir esta desigualdad.

¿La pandemia va a profundizar las brechas, cuál va a ser el impacto en la pobreza?
Con la pandemia de covid-19 hemos tenido que enfrentar realidades que existían desde antes: las condiciones laborales de quienes reparten alimentos y de quienes atienden a los enfermos. Las luchas de las mujeres que han abandonado la fuerza laboral para cuidar a sus niños y los ancianos. Por ello, la pandemia exacerbó los niveles de desigualdad; la desigualdad vertical (ricos vs pobres), asalariados vs independientes, sectorial (hotelería y turismo, restaurantes y bares… que tienden a emplear a mujeres), desigualdad de género (cuidado del hogar), rural vs urbano (brecha digital) se han exacerbado todos con la pandemia. Así, el alto nivel de desempleo y la destrucción de trabajos precarios informales ha generado un aumento sustancial en los niveles de pobreza (entre seis y casi 11 pp según cálculos del BM).

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El Gobierno planea radicar una reforma tributaria en medio de la pandemia, ¿es necesario generar más impuestos en una situación como esta?
La pandemia ha aumentado el nivel de pobreza y la desigualdad y, al mismo tiempo, el déficit fiscal. Para luchar contra la pobreza y el aumento en desigualdad, necesitamos un nuevo contrato social. Esto requiere de una gran reforma tanto en la forma como se hace el gasto público como en la que se cobran impuestos. Es muy difícil pensar que el Estado pueda financiar las necesidades de aumento en el gasto sin aumentar el recaudo. Además, es fundamental tener una reforma “estructural” que aumente el recaudo para reducir el déficit. Concuerdo con la Comisión de Expertos en que es imprescindible implementar una reforma que reduzca sustancialmente el gasto tributario.

Además, para algunos economistas políticos, no hay mejor momento para hacer una reforma tributaria que en momentos de crisis. Primero, una crisis aumenta los costos de postergar la reforma. Segundo, las crisis tienen efectos distributivos disruptivos que facilitan la reforma; las crisis pueden destruir coaliciones que típicamente impiden la reforma o deterioran el estatus quo al punto en que los adversarios tradicionales apoyarán la reforma. Tercero, las crisis generan presión política para que los políticos cambien las políticas que consideran están fallando. Funciona como una “ventana de oportunidad” para implementar cambios que antes no eran posibles. En América Latina, en ocasiones las crisis permiten a los gobiernos tomar medidas especiales en términos políticos. Por ejemplo, en 2002 el presidente Álvaro Uribe en Colombia decretó un Estado de emergencia, que le permitió crear el impuesto al patrimonio. En las palabras de un reconocido político americano, “you never let a serious crisis go to waste”.

¿Qué debería tener esa reforma para que fuera equitativa?
Por el lado de los impuestos: hay que aumentar el recaudo, que es bajo como porcentaje del PIB comparado a estándares internacionales. Unos impuesto directos y progresivos con una mayor base (más personas contribuyendo, así sea con tasas bajas) y con tarifas efectivas más altas para la cola superior de la distribución. Pero no de la distribución del ingreso que podemos ver (es decir, los asalariados adinerados) sino también los rentistas de capital. Impuestos de patrimonio y del ingreso de capital (dividendos; más de solo 10%) más altos y con una base más amplia.

Fallas en el estatuto tributario: exceso de beneficios tributarios con dudosa efectividad. Genera tratamiento desigual horizontal y vertical: empresas parecidas pagan tarifas efectivas muy diferentes, rentistas de capital adinerados pagan muy poco con respecto a un asalariado. Los impuestos los terminan pagando muy pocos (los asalariados de las ciudades grandes; algunas pocas empresas), que terminan pagando mucho.

Por el lado del gasto público: focalizado a la cola inferior de la distribución de ingreso-personas de viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema-que proteja a los vulnerables de forma rápida y eficaz frente a los diferentes tipos de choques: reducir la pobreza; mayor focalización del gasto público en subsidios; proteger a los desempleados: desarrollar mecanismos de protección al desempleo seguro de desempleo; Reducir la informalidad: reducir los costos laborales; Proteger a los adultos mayores.

¿Qué posición tiene frente al impuesto al patrimonio?
Es claro que la pandemia ha tenido impactos desiguales: ha afectado más a los hogares pobres y a los trabajadores informales. Desde un punto de vista normativo en términos de justicia redistributiva, los hogares más ricos que no se han visto tan afectados deberían contribuir de manera desproporcionada al esfuerzo fiscal. Eso es lo justo.

Y de ahí nace la discusión sobre la posibilidad de tener un impuesto solidario al patrimonio. De repartir el costo de la respuesta nacional en los menos vulnerables. En un espíritu de solidaridad, un impuesto sobre el patrimonio podría ser uno de los muchos instrumentos fiscales para salvaguardar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y el crecimiento inclusivo.

Veo tres razones principales por las que considero su posibilidad: El impuesto a la riqueza para lidiar con la desigualdad, refleja una concientización acerca de los impactos nefastos de nuestra alta desigualdad, que puede erosionar una democracia; El impuesto a la riqueza por razones de justicia distributiva, pues la crisis ha afectado a los hogares de manera desigual; El impuesto a la riqueza en el espíritu de la solidaridad. Incluso los ricos del mundo han dicho que éste es el momento de la solidaridad.

¿Qué le parece la idea de ampliar el IVA a más productos de la canasta familiar y que se devuelva a los que más lo necesitan? ¿Qué efectos positivos tienen los programas de ayudas sociales?
Estoy de acuerdo y va en línea con las recomendaciones de la Ocde. Con Pablo Querubín, profesor de New York University, evaluamos el impacto del programa de compensación del IVA que creó el gobierno actual poco después de declarar la cuarentena nacional. Encontramos que este programa tuvo impactos positivos en la salud financiera de los hogares y su acceso a alimentos, y que les ayudó a lidiar con los impactos de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.