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La Procuraduría ha recaudado elementos probatorios que llevarían a establecer la posible participación de doce (12) miembros de las Fuerzas Armadas, siete oficiales y cinco suboficiales.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar por el presunto desvío de recursos de los gastos reservados, seguimientos ilegales, uso de información secreta y otras actividades no ajustadas a la ley en las Fuerzas Militares.
Frente a ello, se adoptaron algunas determinaciones, una de ellas es, solicitar al Ministro de Defensa que suspenda hasta por 30 días la ejecución, disposición, uso o entrega de los recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec), adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares.
Lo anterior con el fin de que durante ese tiempo se adopten medidas de control adicionales, las cuales garanticen el manejo de dichos recursos conforme al ordenamiento jurídico vigente.
En ese sentido, según lo dio a conocer RCN Radio, José Miguel Vivanco, director de la división de las américas de Human RightsWatch, indicó que por el escándalo en las fuerzas militares por posibles actos de corrupción se debe pronunciar el propio Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, porque los hechos ocurrieron estando al frente de la cartera ministerial.
"Me parece que el propio Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, debe pronunciarse en relación de estos temas, porque recordemos que él ha sido el Ministro de Defensa mientras se están aparentemente realizando estos hechos ilícitos que incluyen corrupción y además casos de interceptaciones telefónicas y de otros tipos de comunicaciones también", afirmó José Miguel Vivanco al medio radial.
Por otro lado, vale resaltar que, la Procuraduría ha recaudado elementos probatorios que llevarían a establecer la posible participación de doce (12) miembros de las Fuerzas Armadas, siete oficiales y cinco suboficiales.
Así mismo, la Procuraduría dispondrá un equipo especial que examine lo relacionado con la presunta adquisición de equipos para la interceptación de comunicaciones, el uso que se le habría dado a los mismos y si se afectó con ello a personalidades de la vida nacional.
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