La producción potencial de coca aumentó en 53% con 2.664 de toneladas métricas

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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025, en la que señala que Colombia continúa siendo el principal productor y exportador de coca en el mundo. De acuerdo con el documento, registró un aumento de 10 % en los cultivos de coca en 2023, alcanzando 253.000 hectáreas ,HA, mientras que la producción potencial de la droga subió 53%, pasando de 1.738 a 2.664 toneladas métricas, TM.

Pese a este incremento, el informe destacó que el ritmo de crecimiento de los cultivos ilícitos ha disminuido en comparación con años anteriores. Entre 2020 y 2021, la expansión fue de 43%, mientras que entre 2021 y 2022 fue de 13%. No obstante, la producción ha seguido en aumento debido a la maduración de las plantas y mejoras en los procesos de refinamiento en laboratorios clandestinos.

Colombia también estableció un nuevo récord en incautaciones de droga. Las autoridades decomisaron 960 TM de coca y base de coca en 2024, lo que representa un crecimiento de 114 TM frente a 2023. Este resultado ha sido posible gracias a la cooperación con países aliados y al trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el país redujo su meta de erradicación de cultivos ilícitos. En 2024, el Gobierno fijó un objetivo de 10.000 HA, de las cuales logró erradicar 9.403 HA, una cifra significativamente menor que 20.325 HA eliminadas en 2023 y 68.893 HA en 2022. La estrategia actual busca combinar la erradicación voluntaria con programas de sustitución de cultivos, aunque su implementación a gran escala ha enfrentado dificultades.

El informe también resaltó el impacto del narcotráfico en la seguridad y el desarrollo económico en las zonas rurales de Colombia. La débil presencia del Estado y la falta de alternativas económicas legales han facilitado la expansión de economías ilícitas, como el tráfico de drogas y la minería ilegal.

En respuesta, el Gobierno lanzó en 2023 una nueva política de drogas con el objetivo de reducir los cultivos de coca en 40% y facilitar la transición de 50.000 familias cocaleras a economías lícitas para 2026.

Como parte de esta estrategia, en junio de 2024 Colombia y Estados Unidos anunciaron la iniciativa “Misión Cauca”, destinada a fortalecer la seguridad y el desarrollo en una de las regiones más afectadas por el narcotráfico. En octubre, el Gobierno colombiano desplegó 1.400 militares y policías en El Plateado, Cauca, para enfrentar a grupos armados ilegales vinculados a esta actividad.

A nivel internacional, Colombia y Estados Unidos mantienen una estrecha cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Ambos países han trabajado en la interdicción de drogas y precursores químicos, el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales y la lucha contra delitos ambientales relacionados con la producción de este cultivo.

Además, Colombia hace parte de la Coalición Global para Combatir las Drogas Sintéticas. A pesar de esto, Colombia corre el riesgo de ser descertificada por Estados Unidos en la lucha antidrogas. María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham, explicó que es una medida que viene desde hace años y que el país experimentó entre 1996 y 1997. “El tema indispensable en este momento es cómo se puede lograr trabajar mancomunadamente para que Colombia sea certificado bajo un interés nacional en Estados Unidos”, dijo.

Para evitar llegar a una descertificación, la presidente de AmCham, señaló que se deben tomar dos acciones principales. “Lo primero es total acción relacionada con la voluntad y la contundencia en reducir los cultivos ilícitos y generar resultados en la intersección mucho mayores de acuerdo al aumento de los cultivos ilícitos”, argumentó Lacouture.

Como segunda acción recomendó trabajar no solamente desde el área militar y de erradicación de cultivos, sino también desde el impacto y las acciones que se dan en los territorios. Agregó que es una situación que se viene trabajando desde AmCham y “donde parte del ejercicio es cómo logramos desde lo comercial mostrar que una sanción en temas comerciales genera una disminución de las oportunidades”.

En 2023, la reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Bilateral resultó en 39 compromisos conjuntos. De estos, 27 ya se han cumplido y 12 siguen en proceso de ejecución. Asimismo, la cooperación en seguridad permitió que las fuerzas de Colombia capacitaran a más de 6.000 agentes de otros países en estrategias contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

El informe también abordó el problema de la corrupción asociada al narcotráfico. Aunque el Gobierno colombiano no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, la economía criminal genera flujos de dinero que pueden influir en la institucionalidad. En los últimos años, la Fiscalía ha procesado a funcionarios por corrupción vinculada al narcotráfico, lo que ha resultado en condenas y destituciones.

El impacto del narcotráfico en el país no solo se mide en términos de producción y exportación de drogas, sino también en el consumo interno. Según la Organización de los Estados Americanos, Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina en consumo de cocaína. La estrategia de prevención del país se ha centrado en programas dirigidos a jóvenes, además de iniciativas de justicia restaurativa y capacitaciones en tratamientos basados en evidencia con apoyo de EE.UU.

El Diálogo de Alto Nivel, realizado en Bogotá el año pasado, sirvió para reafirmar el compromiso de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y definir nuevas métricas para evaluar los avances de la estrategia bilateral. Entre los temas tratados estuvieron la interrupción de las redes de tráfico de drogas, el combate a la financiación ilegal y el fortalecimiento de la seguridad rural.

¿Cuáles son otros impactos del narcotráfico de la coca en Colombia?

El narcotráfico no solo afecta la seguridad y la economía de Colombia, sino que también tiene un impacto en la gobernanza y la estabilidad institucional. La influencia de redes criminales en algunas regiones ha debilitado la capacidad del Estado para ejercer control, dificultando la implementación de políticas de erradicación y sustitución de cultivos.

Además, la dependencia de muchas comunidades rurales perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión, ya que el acceso a mercados legales hace que la transición a economías lícitas sea más compleja.