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En un horizonte de mediano plazo, de cerca de una década, el impacto fiscal de la reforma sería de $33 billones, según MinEducación
Uno de los proyectos que se tramitará este semestre en el Congreso es la reforma a la Ley 30 de educación superior, y la cartera ya presentó un borrador inicial de su propuesta, con el fin de recibir comentarios y pulir el articulado antes de radicarlo ante el legislativo.
Entre los cambios importantes que quiere hacer el ministerio está el esquema de transferencias a las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales y oficiales, una medida que tendría un costo fiscal de $6,8 billones entre 2024 y 2026, distribuidos así: $1,14 billones en 2024, $2,15 billones en 2025 y $3,46 billones en 2026.
Este gasto adicional, de acuerdo con el Ministerio, estaría apalancado en los mayores ingresos por cuenta de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado.
En un horizonte de mediano plazo, de cerca de una década, los cálculos de la cartera indican que la reforma, específicamente en las transferencias, supondría recursos adicionales por $33 billones.
En específico, con la reforma se busca hacer modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para atender la problemática de financiamiento de las IES.
Para el artículo 86 se plantea que los aportes del Presupuesto General de la Nación asignados a universidades estatales u oficiales se calculen tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad el año inmediatamente anterior, ajustándolo como mínimo cada año con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), que publica el Dane.
Además, desde el PGN se dispondrán recursos adicionales orientados a aumentar progresivamente el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de educación superior pública en pregrado. Los recursos harán parte de la base presupuestal y su asignación la reglamentará el Gobierno.
Por las modificaciones al artículo 86, el Ministerio de Educación calcula costos por $617.017 millones en 2024, $1,52 billones en 2025 y $2,75 billones en 2026.
“Es importante que ahora la financiación de las universidades públicas no se va a hacer respecto al ajuste anual del IPC, sino utilizando el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices)”, resaltó Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana.
Para el artículo 87, por otro lado, lo que se plantea es aumentar los aportes del Gobierno para las universidades nacionales, departamentales y municipales en hasta 50% del incremento real anual del PIB, recordando que actualmente se define ese incremento en hasta 30% real del PIB. Esta medida tendría un costo fiscal de $76.929 millones en 2024, 2025 y 2026.
Sumado a lo anterior, el borrador de la reforma plantea un mecanismo estructural de financiación que está dirigido a las Instituciones de Educación Superior Técnicas, Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (Ittu).
Se crearía, entonces, un artículo nuevo con el que se incorporarían recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) equivalentes a 0,02% del PIB para el año anterior de la entrada en vigencia de la ley con el fin de construir la base presupuestal de las Ittu. Los recursos aumentarían cada año con base en el Ices del Dane.
El costo fiscal de esta última propuesta sería de $152.144 millones en 2024, $208.499 millones en 2025 y $279.984 millones en 2026.
La ministra de Educación, Aurora Vergara, ha asegurado que lo que se busca es una reforma integral que permita el acceso a educación superior en los territorios. En esa línea, se pretende modificar el artículo 7 de la Ley 30 para armonizar los campos de la educación superior con los saberes ancestrales.
“Esta propuesta obedece a la lógica de creación de universidades propias en los territorios, que podrían tener carácter especial, y generar sus propios requisitos de admisión y sus propios exámenes”, dijo Andrés Mora Cortés, profesor de la Universidad Javeriana.
También se plantea que la educación superior se entienda como un derecho fundamental. “El Estado garantizará la autonomía universitaria, y el derecho fundamental de la educación superior, así como la calidad en la educación”, dice en el documento
“Si ahora la educación superior es un derecho fundamental, se debe definir si esto significa que se debe admitir el acceso a la universidad a cualquier estudiante, aunque no cumpla requisitos de admisión”, indicó Abadía sobre este último punto.
En cuanto al enfoque de género, el borrador del Ministerio de Educación agrega un parágrafo para que en la titulación, las IES reconozcan la identidad de género.
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