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Esta es la segunda vez que el Gobierno radica el proyecto; Algunas de las principales medidas son el fortalecimiento de la Adres y la transición de las EPS
El Gobierno Nacional radicó la reforma a la salud. El proyecto irá como ley ordinaria, y necesitará cuatro debates para que sea aprobado como ley. El Ministerio de Hacienda señaló que el impacto fiscal de la iniciativa es compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La entidad recalcó que la financiación del sistema es sostenible en la medida en que las obligaciones sean cubiertas en 2024, según la priorización del Ministerio de Salud.
Sin embargo, a pesar de tener el aval fiscal del MinHacienda, surgieron dudas del documento, ya que se condiciona a que el sistema debe estar a paz y salvo a final de año.
“Es demoledor que el Ministerio de Hacienda condicione el aval fiscal de la reforma a estar a paz y salvo con las deudas corrientes acumuladas al cierre de 2024. ¿Cómo se planea saldar esa deuda, cuando el sistema cerrará 2024 con un déficit cercano a $5,3 billones solo en aseguramiento y $819.000 millones en deuda por presupuestos máximos de 2022, entre otros?”, argumentó Norma Hurtado, senadora por el Partido de la U.
El Ministerio de Hacienda proyectó gastos de $99,6 billones para 2025 y $156,6 billones para 2034. “Este proyecto no soluciona el problema financiero. No se habla de presupuestos máximos ni de los problemas que ocasionaron los inconvenientes. No hay claridad en cómo se va a usar el dinero. El gasto en salud a futuro es difícil de contener; esta será la principal discusión”, afirmó Paul Rodríguez, director de la escuela doctoral en economía de la Universidad del Rosario.
El proyecto estipuló 112 subregiones, al interior de 10 regiones, con la finalidad de implementar políticas públicas de acuerdo a las necesidades de la atención en salud; lo anterior se haría gracias a la identificación del flujo de personas y así, “ordenar los servicios y sus instituciones prestadoras, así como del sistema de aseguramiento social”, señaló el documento.
La propuesta integró la creación de una instancia para la planeación y la evaluación del sistema. A la vez, sostuvo que debe haber un sistema público de información en salud que integre información individual y poblacional en salud. En formalización, propuso que trabajadores en instituciones privadas o mixtas deben estar vinculados con un contrato laboral y esto estará vigilado por la Superintendencia de Salud.
El Gobierno apuntó que en 2024 intervino a tres EPS tras encontrar fallas como: incrementos injustificados en gastos operativos, flexibilidad en contratación, debilidad en registro de atenciones, entre otros puntos. En consecuencia, el proyecto propone que las EPS se conviertan en Gestoras de Salud y Vida, y solo las que cumplan con el saneamiento de pasivos en un plazo máximo de 48 meses podrán integrarse al nuevo sistema.
“El proyecto de reforma mantiene la estructura que se había planteado sobre las Gestoras de Salud, como entidades que van a realizar una colaboración en la organización de los centros de atención primaria. Se van a organizar en subregiones funcionales para la gestión. Lo positivo es que ahora se brinda claridad sobre quién va a realizar la gestión del riesgo”, afirmó Jesús González, presidente del Colegio de abogados en Derecho Médico.
Para González, lo preocupante es que hasta el momento, el documento no presentó el escenario de la contratación de los prestadores de servicios. “Se estipuló la articulación en la contratación, entonces habrá que mirar con más detalle cuál es la propuesta del Gobierno en contratación”, concluyó el abogado.
El Ejecutivo insistió en el fortalecimiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Salud, Adres. La entidad tendrá como objetivo la administración de los recursos del sistema de salud. Si el proyecto se implementa, la Adres “asumirá como pagador único del sistema, efectuará giros directos a los prestadores y proveedores de tecnologías, de naturaleza pública, privada y mixta”, señaló el proyecto.
“Esta entidad ya administra la totalidad de los recursos, pero en una función de girador de los montos. La reforma propone que la entidad tendrá funciones adicionales que implican mayores esfuerzos operativos, no solamente para girar los recursos, sino para intervenir en toda la cadena. Esperamos que la Adres pueda adaptarse a esos desafíos”, añadió González.
“Las gestoras se encargarían de la tarea de revisar las facturas y acuerdos, como lo hacen las EPS en este momento, y la Adres sencillamente paga”, concluyó Rodríguez.
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