La reforma tributaria de Iván Duque bajo el brazo de Alberto Carrasquilla

Todos los últimos ministros de Hacienda han venido con al menos una reforma tributaria bajo el brazo. Roberto Junguito (2002-2003) aterrizó en el Ministerio de Hacienda con la Ley 788 de 2002, que imponía una sobretasa en el impuesto sobre la renta; Alberto Carrasquilla (2003-2007) llegó con la Ley 863 de 2003, que aumentó el Gravamen de Movimientos Financieros al 4x1.000; Juan Carlos Echeverry (2010-2012) hizo lo propio con la Ley 1430 de 2010 que eliminaba este tributo de manera progresiva; y Mauricio Cárdenas (2012-2018) radicó en sus primeros meses la Ley 1607 de 2012 en la que se creó el impuesto sobre la Renta para la Equidad (Cree).

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En total, la necesidad de estabilizar las arcas públicas, sumada a la ambición reformista local, ha llevado a que en las últimas dos décadas se hayan sancionado 10 reformas tributarias, una cada 24 meses, algo que ha permitido incrementar de forma gradual el recaudo del país hasta llegar a estancarse en niveles de 14% del PIB.

Pero para que el próximo Gobierno reduzca sus números rojos y pueda cumplir con holgura con la regla fiscal, que intenta bajar el déficit total del actual 3% del PIB a un 1% que converja con el estructural a partir de 2027, los analistas y entidades financieras han puesto sobre la mesa la necesidad de implementar otra tributaria en los primeros 100 días del nuevo mandato.

Esta estaría liderada de nuevo por Carrasquilla al frente de la cartera de Hacienda, que para no fallar a la tradición se estrenaría con una tributaria, y por el mandatario electo, Iván Duque.

De hecho, según se murmura en los pasillos de la Cámara de Representantes, la radicación de esta iniciativa no se haría esperar ni un solo minuto, pues sería ese mismo 7 de agosto, día en el que el presidente número 60 de Colombia tomará posesión para el periodo 2018-2022, el que presentaría ante el Congreso su propia versión de la Tributaria Estructural 2.0.

¿Qué por qué 2.0? Porque esta sería la oportunidad del economista Carrasquilla, de 59 años de edad, de sacar adelante la tributaria de carácter estructural que tenía lista en 2004 pero que le fue imposible radicar en el gobierno de Álvaro Uribe por las constantes presiones sectoriales.

De acuerdo con los reportes de aquella época, entre los lineamientos principales de la propuesta destacaban la eliminación de los tratamientos diferenciales de las exenciones o deducciones, la simplificación del régimen, la ampliación de la base del IVA y la reducción de tarifas en el impuesto de renta. También era partidario de eliminar el impuesto al patrimonio y el 4x1.000 que se cobra a las operaciones bancarias.

“Lo que ocurrió fue infortunado para Carrasquilla. A pesar de que presentó una reforma muy completa, muy rígida, finalmente no salió adelante pues el presidente empezó a escuchar las preocupaciones de los gremios y de los empresarios. Estaban preocupados por el hecho de que se suprimieran determinados beneficios”, recordó Horacio Ayala, exdirector de la Dian.

De este modo, no fue hasta finales de 2006 cuando el Congreso aprobó la segunda tributaria de Carrasquilla, una reforma que se alejaba por completo de los ideales iniciales del ministro de Hacienda. Debió ser algo de esa distancia la que le llevó a decir adiós a su cargo solo un par de meses después, pues su renuncia llegó en febrero de 2007.

En esta reforma se evidenció que la tarifa del impuesto al patrimonio aumentó a 1,2% o que las personas o las empresas podrían deducir 40% del valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos.

“Una de las propuestas que prometió durante la campaña electoral Duque fue la reducción de la carga tributaria a las empresas, lo que implica un sacrificio de recursos que hay que compensar por otro lado. Como Carrasquilla estableció el impuesto de patrimonio, esa sería una opción que podrían estar pensando para la nueva tributaria, dado que el último impuesto de patrimonio desapareció este año”, manifestó Gustavo Cote, exdirector de la Dian.

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Precisamente, la rebaja de impuestos para que la tasa impositiva del sector privado quede entre 27% o 28%, a niveles del resto de países de la Ocde, fue una de las promesas de campaña del que será uno de los más jóvenes en llegar a la Casa de Nariño, con tan solo 41 años (este 1 de agosto cumplirá 42), algo que no ven con tan buenos ojos algunas calificadoras como Fitch Ratings, pues reducir de un lado implica tener que sacar de otro.

Igualmente, Duque ha hablado en numerosas ocasiones de establecer tarifas más competitivas, reducir el número de excepciones existentes, generar mayor certidumbre para activar las inversiones que expanden la base tributaria o impulsar la factura electrónica.

De momento, los expertos coinciden en la necesidad apremiante de presentar una tributaria que logre aumentar el recaudo. Para Anif, esta debería allegar recursos adicionales por al menos 1,8% del PIB hacia 2019-2022 o 2,3% del PIB al incluir ganancias en gestión de la Dian por 0,5% del PIB.

“De lograrse, el recaudo tributario total del Gobierno se elevaría de 14% a 16% del PIB. Sin embargo, honrar la regla fiscal requerirá reducir el gasto en otro 1% del PIB”, sostenía el director de este centro de pensamiento, Sergio Clavijo.

Por su parte, Santiago Rojas, director de la Dian, destaca que alguno de los retos que tendrá el próximo Gobierno serán el de la implementación del sistema aduanero, la masificación de la factura electrónica, la lucha contra la evasión o el fortalecimiento de esta entidad fiscal tanto en el tema informático como en el personal.

Propuestas para elevar el recaudo tributario
En aras de elevar el recaudo tributario, Anif propone eliminar los contratos de estabilidad tributaria; abolir la tributación preferencial a las zonas francas; aumentar la actual curva de gravámenes de los hogares en cerca de 3% en la parte media-media y 2% en la parte alta; y acabar con los tratamientos especiales en materia de IVA.

A nivel corporativo, la entidad proyecta que no parece existir margen adicional para pensar en reducir la tasa del imporrenta más allá de 33% ya contemplado. Respecto a los hogares, establece la existencia de un margen estrecho para pensar en mayores recaudos, dado que los más pudientes ya enfrentan tasas efectivas de 27%, no distantes de 30% que se observa en países desarrollados. Además, añade que el “ingreso disponible” enfrenta altas cargas de seguridad social que esconden “impuestos puros”.

Y, por último, en el IVA plantea la eliminación de tratamientos especiales con la única excepción de aquellos que están presentes en la canasta básica. "Muchas de las posiciones del IVA que hoy están a 0% o a 5% deberían pasar a la tasa general de 19%", sostiene el informe de la entidad.