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Destaca que el Marco Fiscal de Mediano Plazo se construyó con supuestos adecuados, pero ve en 2024 un deterioro del déficit fiscal
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) se pronunció respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), presentado el pasado 14 de junio por el Ministerio de Hacienda. Aunque se celebran algunas banderas verdes, como los supuestos que se tomaron y las acciones frente al déficit del Fepc, presenta preocupaciones (banderas rojas) en el tema de sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la Regla Fiscal a mediano plazo.
“El Carf encontró que el Mfmp fue construido con los supuestos adecuados y tiene elementos a destacar, como la programación del pago de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc)”, asegura Andrés Velasco, director técnico del Carf.
“Sin embargo, encuentra algunos temas preocupantes desde el punto de la sostenibilidad fiscal. En particular, que el cumplimiento de la Regla Fiscal para 2024, 2025 y 2026 depende de unos ingresos que son temporales, en el contexto de la Regla, de unos ingresos no estructurales”, agrega.
Sobre el avance en el Fepc, el Comité señala que el déficit en 2023 llegaría a $18,5 billones, cerca de $10 billones menos que lo estimado al inicio del año.
En el caso de las banderas rojas, el Carf ve un deterioro tanto del déficit fiscal como de la deuda neta del Gobierno a 2024, pese a haber aumentado los ingresos en cerca de 4% del PIB con dos reformas tributarias. Agregan que se pierden los avances que se lograron en años pasados de reducir el gasto primario del Gobierno y, contrario a lograr que este monto llegue a 0% en 2023 y 2024, el incremento de 1,2% del PIB en el gasto primario impone una mayor presión sobre las cuentas.
La otra alerta roja es sobre los ingresos, pues el cumplimiento de la meta de déficit para 2024, 2025 y 2026 dependerá de ingresos no estructurales y de naturaleza incierta, especialmente de arbitrajes de litigios, por lo que estiman que “no cumpliría con las metas de balance primario neto estructural de la Regla Fiscal en un monto cercano a 1% del PIB para 2024, 0,6% para 2025 y 0,3% para 2026”.
Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura que “el pronunciamiento del Carf coincide con algunos de los puntos que había señalado el Observatorio Fiscal respecto a cumplir apenas con la Regla Fiscal y no dejar ningún espacio por si se presenta alguna contingencia, y especialmente con el problema de los pronósticos de los ingresos”.
Para el analista, se debe hacer énfasis en que una vez se consideran los ingresos por el arbitraje de litigios como un ingreso no estructural, el Gobierno está incumpliendo la Regla Fiscal.
Para mediano plazo, el Carf estima que temporalmente no se lograría cumplir con la regla fiscal, pues el presupuesto no evidencia una correspondencia entre gastos e ingresos estructurales. Por déficit y deuda, señala, “se dificulta la convergencia hacia el objetivo planteado por la Regla Fiscal para 2026, una vez termine el periodo de transición”.
Sobre los años más allá de 2026, el Carf considera que las cuentas están “al límite”, pues se tienen en cuenta ingresos adicionales sobre los que no hay seguridad, de 1,3% del PIB. Acá aconsejan que por esto se debe dejar un “margen de maniobra” por si llegan eventos como “menores precios o producción de petróleo, una mayor desaceleración económica, una depreciación del peso o una inflación persistentemente más alta”.
El Comité señala que el Gobierno no incluye qué pasaría de aprobarse los proyectos pensional y de salud, que en el corto plazo tendrían un gasto anual superior a 0,7% del PIB. “Dado que la senda de gasto propuesta por el Gobierno no deja ningún margen, este gasto incremental no tendría espacio fiscal dentro de la programación y, en consecuencia, la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales”. Acá también señala que hay incertidumbre sobre el panorama, lo que también ha afectado los precios de colocación de deuda del Gobierno.
Otro punto es que el marco normativo genera presiones fiscales importantes, pues se calcula que por cada peso que se recauda de la reforma tributaria, se debe destinar más de 0,4 a mayor gasto en el mediano plazo.
Finalmente, el Comité hace un llamado para que el Presupuesto General de la Nación de 2024 se programe con un techo de gasto que asegure el cumplimiento de la Regla Fiscal.
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