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El precandidato presidencial explicó que este negocio ilegal podría mover alrededor de US$12.000 millones, 4% del PIB nacional
Desde la época del narcotráfico que vivió el país hace más de 25 años, las ventas al exterior de clorhidrato de cocaína nunca habían sido de magnitudes tan altas como las que se registran actualmente. Con un potencial de producción de cocaína de 1.228 toneladas, según las Naciones Unidas, los ingresos por la venta de este producto fluctuarían entre US$8.000 millones y US$12.000 millones.
Estas son las cuentas del exviceministro de Hacienda y candidato a la Presidencia de la República, Juan Carlos Echeverry, quien señaló que una sola tonelada de cocaína podría estar costando entre US$7 millones y US$10 millones.
Según Echeverry, con estas cifras, las ventas externas de clorhidrato de cocaína representan casi 4% del PIB, lo que es casi igual a las exportaciones conjuntas de petróleo y carbón. Además, la cifra es, por lo menos, 30% mayor a las remesas.
"Los ingresos por cerca de US$12.000 millones son casi el doble de las remesas o inclusive un treintavo de la economía nacional, es inmenso”, expresó el exministro de Hacienda.
Ahora, teniendo como referencia la contracción de varios sectores de la economía como consecuencia de la llegada del covid-19, para el precandidato esto podría significar que el lucro del mercado de la cocaína llegará a ser, incluso, mayor que el del café, las flores, el turismo y las manufacturas.
Si no se generan empleos, las transacciones ilegales seguirían siendo el detonante de factores como la explotación laboral y la violencia, a razón de que casi en 100% de los casos, esta actividad se desarrolla en zonas pobres.
El panorama es aún más preocupante cuando se observa que un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) revela que la productividad de la hoja del cultivo de coca, a nivel nacional, en términos de rendimiento anual, puede llegar a ser de 6,4 toneladas métricas por hectárea.
Ligado al punto anterior, hay que anotar que algunos de los departamentos han evidenciado aumentos sustanciales en el área sembrada de benzoilmetilecgonina. Por ejemplo, en Córdoba esta cifra subió 30%, para Antioquia el incremento se ubicó en 27,5%, y para Bolívar y Chocó, la cifra es de 18% en ambos casos.
Sin embargo, se deben mencionar las regiones en donde se evidenció una reducción en el último año, como Caquetá, donde la variación negativa fue de 54%; Putumayo, departamento donde se redujo el área en una quinta parte; y Nariño, que tuvo una disminución de 17% en terreno de siembra.
Pierre Lapaque, director de la Unodc, hizo énfasis en que pese a las cifras de ventas externas, “el área sembrada con coca en Colombia siguió bajando y llegó a 143.000 hectáreas, un 7% menos, con fecha de corte 31 de diciembre de 2020”.
Alejandro Mejía, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados, explicó que la comunidad internacional no recibiría una incorporación de la legalidad de esta clase de productos estupefacientes. Sin embargo, ya existen zonas donde este producto es regulado por el Estado.
En caso de que ese fuera el escenario de Colombia, en donde el clorhidrato sea legalizado, los precios sufrirían una gran alteración.
“Lo que hace que la cocaína sea tan rentable es que hay demasiado riesgo en la cadena de producción. Por lo tanto, es escasa, costosa y cotiza alto en el mercado internacional. Si fuera un producto legalizado en las distintas jurisdicciones, su precio tendría una caída considerable, lo que dejaría de hacer rentable el proceso”, apuntó Mejía.
En la misma línea opinó Diego Márquez, abogado de Del Hierro Abogados. Señaló que son pocos los países que tienen apertura de manera legal, y al existir esa visión cerrada, esos mercados tienen dificultades para repuntar al tener bloqueadas las fronteras, lo que sería solo para consumo interno.
“La economía subterránea impulsa mucho los precios”, manifestó.
Hay reducción del área sembrada de coca en 7%, pero sube la producción
El área de cultivos ilícitos de coca en Colombia se redujo en un 7%, al pasar de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 hectáreas el año pasado. Por ejemplo, en Nariño y Putumayo se completaron tres años consecutivos con reducciones, y, por primera vez desde 2012, los cultivos bajaron en Norte de Santander. Pese a este avance, 65% de los lotes tiene una vida productiva de tres a cuatro años con un rendimiento de 7,6 toneladas métricas al año, cifra superior a las 6,6 toneladas métricas por hectárea registradas en 2005.
Galvis fue, en su momento, integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada entre 2015 y 2019 y magistrada especial de la JEP
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