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El monto que reporta la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía por esto es $4,6 billones. Algunos distribuidores esperan hacer un cobro diferido
La cadena de la energía tiene cuatro componentes: la generación (G), la transmisión (T), la distribución (D) y la comercialización (C). El caso de los operadores de red, es decir, los postes y cableado, es fundamental en la cadena y se ubica en la fase de la distribución.
Estas compañías están lidiando con saldos de la Opción Tarifaria y las pérdidas de energía, pues estos factores, por ley, no se transmiten al usuario final, lo que deja un “hueco” que de algún modo se tiene que llenar. Algunas dijeron que esperan hacer un cobro diferido cuando se estabilicen las condiciones.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) indica que la responsabilidad de las distribuidoras es “la operación de la totalidad de las redes, transformadores y una serie de equipos utilizados en el transporte de la energía eléctrica para llevar la energía desde las redes de transmisión hasta el domicilio del usuario final”.
Además, este papel radica en la expansión de la red eléctrica, la reparación de los daños o incidentes a la red, la disminución y el control de las pérdidas y el mantenimiento adecuado del sistema para conservar la continuidad del servicio de energía.
José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), ha dicho que las distribuidoras han contribuido con el pacto tarifario, “de hecho, se logró romper la espiral alcista de las tarifas para los usuarios”.
Manzur también destacó, durante su intervención en el Senado, que el costo promedio ponderado, desde septiembre de 2022 hasta abril de 2023, creció cerca de 4,6% para las empresas distribuidoras. “Tenemos unas grandes dificultades financieras; hoy tenemos $6,4 billones que no han sido posibles de recuperar. ¿De dónde sale esa suma? Del déficit de subsidios, de la Opción Tarifaria, de deuda de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos.
Uno de los casos es el de Afinia. Javier Lastra, gerente de la filial de EPM, explica: “nos estamos quedando con un saldo de Opción Tarifaria que para Afinia, con corte al mes de mayo, está en $1,4 billones, es una cuenta por cobrar al usuario que se ha venido difiriendo para no golpear la canasta familiar”.
La Opción Tarifaria es un mecanismo para reducir el impacto para los usuarios de los incrementos abruptos en la tarifa por medio de la acumulación de saldos que son pagados posteriormente por el usuario a lo largo de un mayor período de tiempo. Sin embargo, la Resolución Creg 119 de 2017 establece la fórmula de Costo Unitario de la Prestación del servicio de energía eléctrica, base del cálculo de todas las tarifas y no permiten el traslado de sobrecostos.
Además, la Comisión define un tope de tarifas máximas, pero las empresas pueden cobrar valores inferiores desde que reflejen los costos mínimos de operación, esto sin requerir autorización previa.
Del total del saldo que está pendiente ($6,4 billones), $4,6 billones son representados por la Opción Tarifaria. “Estamos hoy asfixiados financieramente; las empresas comercializadoras hoy no son viables de manera independiente, están haciendo casi que subsidios cruzados con otra actividad (distribución o generación)”, comentó Manzur. Además, hizo referencia a que de cara a un posible fenómeno de El Niño, los precios de bolsa van a incrementar. “De continuar la situación sin hacer nada con los precios, la cifra puede pasar a $9,4 billones en diciembre”.
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