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Solo el costo fiscal de mantener la tarifa de IVA de 5% y preservar las categorías de bienes exentos y excluidos representó $64,7 billones el año pasado, 6,6% del PIB.
El año pasado, el Estado dejó de percibir hasta $78 billones, lo que representa alrededor de 8% del PIB, al otorgar concesiones tributarias en materia de renta, IVA, carbono y gasolina para beneficiar a algunos contribuyentes o actividades de la economía. En total, según establece el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, este costo fiscal se elevó $5 billones en el último año, lo que representa un alza de 6,8%.
De ellos, los tratamientos especiales que suponen el mayor costo para las arcas públicas son los de IVA, puesto que si todos los bienes y servicios de la canasta tuvieran una tarifa general de 19%, el Estado podría llegar a recaudar hasta $64,7 billones al año, lo que equivale a 6,6% del PIB. En concreto, el mayor impacto lo tienen los bienes y servicios excluidos como son el arroz o las frutas ($51,9 billones); seguido de los exentos como el huevo o la carne ($9,7 billones); y los que están gravados a 5% como el café o las harinas ($3 billones).
Precisamente, la cantidad de exenciones y exclusiones de IVA que existen en la actualidad y que, en algunas ocasiones, benefician de manera desproporcionada a los hogares de mayores ingresos, fue lo que llevó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a proponer sin éxito en agosto pasado que se gravara a toda la canasta familiar con un mecanismo de devolución para los menos favorecidos.
“No hay una evaluación de lo que gana el país al mantener esta serie de beneficios. No se conoce el impacto real de renunciar a estos impuestos, cuánto le aporta a la inversión, al crecimiento o al desempleo”:
“Este régimen tiene una cantidad de exenciones fruto de muchas reformas que son bastantes regresivas y que merman la capacidad de recaudo y la sostenibilidad fiscal”, aseguró el ministro en la Convención Bancaria del año pasado.
Después le sigue el costo fiscal por los tratamientos especiales en el impuesto de renta que en 2018 llegó a $13,3 billones, lo que representó un aumento de 10,3% frente al año gravable 2017, y que suponen 1,4% del PIB. De ellos, lo que genera un mayor costo fiscal son las rentas exentas ($10,2 billones), seguidas por los descuentos tributarios ($1,3 billones) y la deducción por inversión en activos fijos ($0,8 billones). Además, llama la atención que las personas naturales se benefician más que las jurídicas.
“No hay ningún estudio que evalúe el beneficio que recibe el país por mantener estos tratamientos especiales. Además, en la pasada Ley de Financiamiento se crearon nuevos beneficios tributarios que valen unos $9 billones”, manifestó Mario Valencia, vocero de Justicia Tributaria.
En cuanto al impuesto nacionales al carbono, el costo fue de $273.000 millones en 2018, lo que representó un repunte de 152,6% frente al mismo periodo del año anterior. Principalmente, ello se debió al incremento de las cantidades reportadas como diésel marino y combustibles para reaprovisionamiento de buques, las cuales están dentro de las categorías no gravadas. Tampoco causa este impuesto la gasolina vendida, retirada o importada en Guainía, Vaupés y Amazonas.
Por su parte, el costo del impuesto a la gasolina y el Acpm llegó a $203.000 millones, 9,1% más que hace un año y, principalmente, este costo se concentra en las zonas de frontera.
Para Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, estos beneficios generan una injusticia porque su distribución es desigual entre los diferentes sectores productivos y además tampoco benefician a los consumidores.
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