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El Ministerio de Transporte firmó el otrosí para reactivar las obras del proyecto. Según dijeron, se destinarán $3,4 billones para la obra
Dos años y medio después de quedar paralizadas las obras, a causa de los líos de los contratistas y el coletazo de Odebrecht, el Ministerio de Transporte reactivó ayer el proyecto de la Ruta del Sol III. El anuncio lo dio el presidente de la República, Iván Duque, junto a el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, luego de firmar el otrosí con el que se le da vía libre a la terminación del proyecto, que, según los cálculos del Gobierno, estaría listo a más tardar en cuatro años y medio.
La suscripción del documento entre la Agencia y el Concesionario Yuma S.A. contempla un plazo máximo de 56 meses para la etapa de construcción, así como la obtención de un contrato de crédito por $400.000 millones para garantizar la financiación de las obras. Con estas condiciones, el Ministerio advirtió que se podrán saldar los más de $128.000 millones en deudas que tiene la Constructora Ariguani con los proveedores.
“Venimos a decirle a toda la comunidad, al departamento del Cesar, al departamento del Magdalena y a más de 18 municipios que se benefician, que la obra se reactiva y se reactiva la economía regional. (...) El país se merece que estas obras se reactiven, porque estamos hablando de más de 470 kilómetros de doble calzada y más de 410 kilómetros de mantenimiento”, aseguró Duque.
A la par que de las intervenciones, la Contraloría General de la República añadió que se hará seguimiento a las garantías que se firmaron en el otrosí. Así, se asegurará que se cumplan todos los tiempos de pago a los contratistas: si la deuda es menor a $500 millones se cancelará 100%; si es entre $500 y $1.000 millones, será 25% inicial y lo restante a 12 cuotas mensuales; y si el valor asciende a los $1.000 millones, el monto a desembolsar estará en un plazo de 18 meses, con un 25% inicial.
“Esperamos que el Gobierno cumpla, y que la Contraloría garantice los pagos. Vemos con muy buenos ojos el otrosí porque a partir de todas las audicencias que se adelantaron, se llegaron a acuerdos estables para solucionar los conflictos que venían desde 2017”, explicó Carlos Mariano Rodríguez, vocero de los acreedores.
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, detalló que ahora en adelante se tendrá una “estricta” vigilancia en el control del tramo. De hecho, añadió que se está “construyendo en este momento un sistema de información geográfico, con fotos satelitales y aéreas, en donde semanalmente se verá el avance polígono a polígono y kilómetro a kilómetro de las obras”.
Aunque actualmente el proyecto registra un avance de tan solo 32%, el reto ahora será lograr sacar adelante el casi 68% restante. Para eso, el Concesionario Yuma, compuesto por Infracon, Impregilo Internacional Infraestructures, y Salini Impregilo, entre otros, tendrá que invertir un poco más de $3,4 billones para sacar adelante la obra.
“Celebramos el acuerdo logrado entre la ANI y la Concesionaria Yuma (...). Esta buena noticia es una demostración de los excelentes resultados que se obtienen cuando se buscan soluciones concertadas”, aseguró Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI.
Los líos del proyecto
La firma del otrosí le puso fin a una serie de episodios desafortunados que atravesó el proyecto. Este hace parte de la tercera generación de concesiones viales del país, y su contrato de concesión se dio en 2010. Aunque fue hasta 2012 cuando se logró al suscribir el acta de inicio de construcción, en 2015 llegó el primer conflicto. En ese momento, Conalvías e Infracon, dos de los accionistas de la Concesionaria, entraron en liquidación, una situación que significó un impacto negativo en la ejecución de obras y un retraso en el pago de sus acreencias con los proveedores.
Con este antecedente, y luego de que en 2016 se revelara el escándalo de corrupción de Odebrecht en el proyecto de la Ruta del Sol II, el sector financiero local se negó a otorgar préstamos para la ejecución de las obras. Por eso, la sociedad no logró sacar adelante las intervenciones, las cuales no solo le generaron retrasos y deudas, sino también una parálisis total en 2017.
Así, tras más de 24 meses de espera, el Gobierno, los gremios, los acreedores y la Concesionaria creen que por fin tendrán la ruta clara para finalizar uno de los grandes proyectos de infraestructura que tiene el país.
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