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Aunque el Gobierno ya está trabajando en un decreto de yerro para superar el error, hay incertidumbre por la fecha de publicación
Sigue creciendo como una bola de nieve el escándalo por el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación que no desagrega el destino de $13 billones de los $502 billones aprobados por el Congreso.
Aunque el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, Juan Martín Caicedo; el presidente del Consejo Gremial, Bruce Mac Master; y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reunieron ayer para solventar el dilema, no se llegó a un acuerdo en concreto.
El ministro Bonilla planteo establecer una mesa de trabajo para analizar cuáles son los mecanismos que podrían ponerse en marcha para evitar el incumplimiento en el pago de las vigencias futuras y se comprometió a expedir actos administrativos para subsanar el tema.
"Tuvimos la oportunidad de expresarle nuestras preocupaciones alrededor de la incertidumbre que se genera al no tener claramente especificadas las partidas correspondientes a las obligaciones del Estado contratos de obra y concesión dentro del decreto de liquidación del presupuesto general de la nación", dijo Bruce Mac Master.
"Hablamos de su posible efecto sobre los financiadores, operadores, constructores y concesionarios de los diferentes proyectos de infraestructura en términos de sus contratos actuales y en términos de posibles futuras licitaciones", agregó el dirigente gremial.
Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda ya está trabajando en un decreto de yerros para corregir el error en el decreto de liquidación del Presupuesto General. Pero este decreto de yerros no se ha expedido, porque sigue en revisión del presidente Gustavo Petro.
El presidente Petro se pronunció sobre este tema recientemente, pero solo se limitó a decir que no ha modificado las partidas del Presupuesto. "Entran en tal plan de oposición que no hacen bien las sumas y las restas. El Presidente no ha cambiado una sola partida del Presupuesto aprobado por el Congreso", dijo Petro en su cuenta de X.
Cabe aclarar que el proyecto de ley que se aprobó el año pasado del Presupuesto General de la Nación no presenta ninguna irregularidad, el tema de la discusión radica es en el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 que debía mostrar el detalle de a dónde se destinarán los $502,6 billones.
"El estatuto orgánico del Presupuesto ordena que el decreto de liquidación guarde consistencia no solo con la Ley de Presupuesto aprobado por el Congreso. También tiene que ser consistente con el proyecto presentado por el Gobierno al Congreso, incluyendo los anexos técnicos donde se enumeran los proyectos de inversión que serán financiados. Cómo tal el decreto de liquidación expedido por el Gobierno es inconsistente con lo presentado al Congreso y cómo tal debe ser expedido un decreto de yerro que corrija estas inconsistencias", dijo Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.
Aunque la solución más aparente es en este momento es expedir el decreto de yerros en el que trabaja el Minhacienda, hay una nueva incertidumbre por la fecha de publicación del mencionado decreto de liquidación.
De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, luego de la aprobación del PGN por parte del Congreso de la República, la Presidencia lo debe sancionar como Ley de la República. Posteriormente, el Gobierno Nacional debe expedir su decreto de liquidación, el cual debe estar acompañado de un anexo que contenga el detalle del gasto.
Esto lo ordena la Ley General Presupuestaria de 2003, que obliga a aclarar en detalle el destino de los recursos del PGN, lo que no se evidencia en $13 billones del Presupuesto aprobado. Pero dicha ley también ordena que tanto el decreto de liquidación como sus anexos deben expedirse antes del 31 de diciembre del año anterior al que se ejecutan los recursos.
Sin embargo, aunque Decreto 2295 está fechado el 29 de diciembre de 2023, su publicación y la de los anexos se hizo el 2 de enero de este año. Lo que podría agregar un nuevo problema a la ejecución de todo el presupuesto para este año.
"Puede haber una violación en el principio de competencia en la expedición del presupuesto", dijo un abogado especializado en el tema que prefirió no ser identificado, pero agregó que "los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite, según el artículo 6 de la Constitución".
Otra vía que podría analizar el Gobierno Nacional es presentar al Congreso una ley de adición presupuestal para que se pueda hacer una especie de adición a la liquidación del PGN, pero esta opción parece más complicada por el capital político que tendría que gastar el Gobierno.
Por ahora, sigue la incertidumbre por los $13 billones pendientes por desagregar. No han podido ejecutar esos recursos, lo que deja en vilo la operación y el avance de 57 proyectos de infraestructura de interés nacional y otros proyectos de educación.
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