Las recomendaciones que hace la Comisión del Gasto y la Inversión al nuevo Gobierno

La abrupta caída de los precios internacionales del petróleo contribuyó a reducir los ingresos del Gobierno en 3,3% del PIB (unos $24 billones) entre 2013 y 2016. Esa situación obligó a realizar ajustes tanto del lado de los ingresos mediante las reformas tributarias de 2014 y 2016 como de los gastos, con el fin de cumplir con los requerimientos de déficit total estructural de la regla fiscal. Dado que el objetivo es situar esta cifra en 1% del PIB en 2022, la Comisión del Gasto y la Inversión Pública realizó una serie de recomendaciones en materia económica y fiscal a considerar por este y los próximos gobiernos.

En total, la Comisión, conformada por nueve miembros ad honorem independientes, identificó durante cerca de 10 meses medidas con las que se lograría de manera eficiente ahorrar en nueve grandes bloques de temas. Uno de ellos es el proceso presupuestal donde aconsejaron transitar hacia un presupuesto por programas y unificar en una sola entidad todos los dineros.

“El problema es la fragmentación. La Comisión planteó la idea de unificarlo, pero no de dónde, podría ser en el Ministerio de Hacienda, en el Departamento Nacional de Planeación (DNP)...”, indicó Roberto Junguito, miembro de la Comisión.

Igualmente, recomendaron establecer por ley límites normativos al monto de las vigencias futuras, reformar el sistema general de regalías para reducir las inflexibilidades y eliminar los desincentivos a los proyectos mineros, entre otros.

En materia pensional, aconsejaron aumentar la edad de jubilación, vinculándola de manera sistemática y periódica a parámetros demográficos. Así mismo, propusieron incrementar los porcentajes de cotización a 18% para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.

“Las mujeres deberían pensionarse a la misma edad que los hombres. Tienen una expectativa de vida mayor y, por lo tanto, para financiar una mesada se necesitan más recursos. Como tienen periodos en los que les queda más difícil cotizar, especialmente si tienen hijos, en otros países se ha planteado la idea de otorgar bonos, pero no pensionarlas antes”, indicó Leonardo Villar, miembro de la Comisión.

Frente al tema de los subsidios, establecieron que se necesita concentrar los recursos disponibles en unos pocos programas bien evaluados. “Hay que garantizar que se focalicen en las personas más vulnerables”, puntualizó Villar.
Respecto al empleo público, la Comisión aconsejó modificar la estructura institucional del sistema de administración pública y reconocer que el Estado necesita diferentes formas de vinculación laboral. Por su parte, también instaron a promover la competencia en la contratación.

En cuanto al gasto en salud, propusieron que se deberían estimular políticas de prevención de riesgo, ampliar el uso de mecanismos como copagos y cuotas moderadoras, sin disminuir acceso de las personas de menores ingresos o reconocer la magnitud de las deudas legítimas entre los actores y proceder a pagar. Por su parte, en educación se abogó por revisar la institucionalidad del sector.

El costo de los litigios contra el Estado
Entre 2000 y 2016, los pagos acumulados realizados por el presupuesto a través del rubro de sentencias y conciliaciones ascendió a $11,2 billones de 2016. Para reducir de manera eficiente este tipo de gastos, la Comisión planea promulgar una ley que reglamente el artículo 90 de la Constitución teniendo en cuenta aspectos sustanciales y procesales, con el propósito de limitar la discrecionalidad judicial.

Así mismo, frente al gasto en Defensa, indicó que no es conveniente reducirlo en los próximos años mientras se consolida el proceso de paz, pero que sí es necesario hacer una recomposición.