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Evolución del SGP hasta 2035
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El Congreso aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones, y con ello, se cambiará la forma en que las entidades territoriales reciben los recursos
La aprobación del Sistema General de Participaciones es una de las victorias más significativas del Gobierno. Es un esquema que le abre la puerta a la descentralización, pero a su vez al riesgo fiscal, de acuerdo con las proyecciones de los analistas, y hasta del mismo Ministerio de Hacienda.
La iniciativa tardó más de un año y medio en su trámite legislativo, pero despertó la atención de la opinión pública a partir del sexto debate, cuando los centros de pensamiento económico alertaron sobre las consecuencias fiscales que traería.
Estas advertencias, sumadas a las críticas de otros miembros de la oposición, así como de gremios productivos, llevó a la flexibilización, en parte, de los fundamentales técnicos de la propuesta. En un principio, la iniciativa planteaba incrementar las transferencias a las regiones, desde el actual dato de 27% hasta 49,2%, de los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN. Al final, el monto quedó en 39,5%.
“Se debe fomentar la descentralización, tal y como lo señaló la Constitución de 1991, pero de manera lógica y sin generar importantes riesgos fiscales”.
“No nos deberían sorprender presiones en el alza en el dólar, es decir, depreciaciones de la moneda colombiana, y los análisis de las agencias de calificación de riesgo”.
“Esta es la reforma constitucional, tal vez, la más importante que se ha aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”, mencionó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras la aprobación.
La norma entrará en vigencia a partir de 2027 por un periodo de máximo 12 años, es decir, hasta 2038, pero para aplicarla se necesitará aprobar una ley de competencias que debe ser presentada, discutida y aprobada a finales de 2025.
“La noticia hoy es que Colombia da un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal, condicionando la aprobación de este acto legislativo a la Ley de Competencias, que va a ser la gran discusión, lo más importante, es que podamos cerrar brechas territoriales”, señaló el ministro Cristo.
Para la creación de esta ley de competencias, el Ministerio del Interior plantea que se establezca una mesa técnica con todos los actores políticos y técnicos, así también como la participación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, y el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF.
El viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, reconoció que con el monto de 39,5% de los ICN sí generaría un impacto fiscal, toda vez que “superaría los techos de gastoestablecidos por la regla fiscal y podría no ser congruente con la planificación financiera y presupuestal vigente”, sentenció.
En un derecho de petición respondido a la congresista Katherine Miranda, la cartera económica planteó dos escenarios, e hizo la salvedad que se debe expedir la ley de competencias. Señalaron que actualmente el SGP le costará al país $184 billones, pero con la reforma, el sistema le representará $218,7 billones, equivalente a 6,8% del PIB.
Si la reforma entra en vigencia en 2027 tal como lo tienen previsto, en ese momento deberán expedir una tributaria que recaude $800.000 millones. Cada año deben tramitar una nueva reforma por mayor valor, hasta 2035, cuando ese sistema tendrá que recoger $55,3 billones. Esto, sumado a otros ajustes fiscales pertinentes.
Según lo explicado por el Ministerio de Interior, el Sistema General de Participaciones, SGP, es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere a los municipios, distritos y departamentos, los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico, entre los que se incluyen los acueductos y alcantarillados.
Con la reforma aprobada también se busca agregar las competencias de infraestructura, entre esas responsabilidades que tendrán los municipios.
“La reforma de Sistema General de Participaciones responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa”, puntualizó la cartera política.
Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, dijo que lo aprobado por el Gobierno le pone más retos fiscales al país. Sin la reforma, el panorama ya era complicado, pero tras el visto bueno del Congreso para esta reforma, podría comprometer el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
“Unido a los altos pagos de intereses sobre la deuda pública acumulada tras la pandemia, se requerirá una gran austeridad en el gasto del Gobierno Nacional Central en todos los demás rubros del presupuesto”, sentenció.
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