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Algunos expertos señalan que, aunque es una buena señal para las calificadoras, la reforma solo evitaría nuevas rebajas en la nota crediticia
Ayer el presidente Iván Duque sancionó la Ley de Inversión Social, asegurando que “esta reforma supera 1,7% del PIB y se convierte en la de mayor recaudo en el siglo XXI”. No obstante, algunos expertos han señalado que esta nueva Ley deja algunas tareas pendientes.
Una de ellas es recuperar el grado de inversión. José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, aseguró que, si bien esta reforma evita que el país incurra en nuevas bajas en la nota crediticia, no es suficiente para recuperar el grado de inversión, dados los niveles de deuda pública actuales.
“La reforma fue muy importante para anclar las expectativas y esa senda de deuda, además que tiene una regla fiscal, pero bajo los supuestos que hay, incluso muy ambiciosos con el tema de fiscalización de la Dian y la lucha contra la evasión, pues las métricas no nos van a dar para recuperar el grado de inversión”, explicó López.
En ese sentido, otra de las tareas que se deberá perseguir en el mediano y largo plazo, es empezar a disminuir los niveles de deuda, pues se estima, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que esta llegue a 69% del PIB en 2023 y 2024, un cifra que es históricamente alta.
“Lo que está claro es que con la senda de deuda que tenemos hoy en día hay una incertidumbre grande de si vamos a alcanzar, en el mediano plazo, a esos niveles de 55% del PIB”, dijo López.
En esa senda de recuperación de las finanzas públicas, los cambios hechos en la Regla Fiscal y en su Comité jugarán un papel clave.
“La reforma fue muy importante para anclar las expectativas y la senda de deuda, pero bajo los supuestos fiscales que hay, las métricas no nos van a dar para recuperar el grado de inversión”.
“Tenemos que ir viendo el funcionamiento y la entrada en vigencia de esta nueva Regla Fiscal. Hacia el futuro vienen procesos de ajuste, que también estarán ligados al mecanismo de financiamiento del Gobierno, que tuvo que hacer mucho uso de fuentes internacionales en un escenario de tasa de cambio alta”, dijo Carolina Monzón, jefe de análisis económico de Itaú.
Tal como ya lo han señalado algunos expertos, y teniendo en cuenta el ajuste adicional que se necesita, el próximo gobierno deberá hacer una nueva reforma. Los analistas aseguran que esta debe incluir medidas estructurales, que tengan en cuenta las recomendaciones que han hecho agentes como la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios.
“Una reforma estructural está en deuda desde hace varios años ya. Es necesario que los diferentes actores políticos, sociales, gremiales y empresariales lleguen a consensos sobre como deberá verse esta reforma y así facilitar su paso por el Congreso”, dijo Claudia Navas, analista de Control Risk.
Un punto que deberá debatirse es la posibilidad de balancear la tributación de las empresas y de las personas naturales.
“En el frente de personas naturales todavía hay una posibilidad de hacerle una revisión a futuro para que más contribuyentes puedan empezar a aportar”, anotó Monzón.
Casi 70% del recaudo del articulado llegará desde el sector productivo
De los $15,2 billones que busca recaudar el Gobierno con la tributaria, $10,5 lo aportarán las empresas, es decir, 69,7% del total. Así, algunos expertos recomiendan que en el futuro se logre un balance en la tributación de las personas naturales y jurídicas.
“Las pequeñas y medianas empresas son las que llevarán la carga más pesada, teniendo en cuenta que es un segmento que ha tenido pocas ayudas y que aun lucha por reactivarse”, dijo Claudia Navas, analista de Control Risks.
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