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Hoy comienza la consulta previa del proyecto con comunidades indígenas.
A la lista de temas calientes del proyecto de ley de tierras, que ya está siendo sometido a consulta previa con comunidades afrodescendientes e indígenas, se suma uno nuevo. La posible compensación a los ocupantes de buena fe de bienes inmuebles, incluidos dentro del inventario entregado por las Farc al Estado, para que los abandonen.
Una iniciativa que está definida en el artículo 11 del proyecto de ley y que da derecho a las personas exentas de culpa y en condiciones de vulnerabilidad que estén haciendo uso de las tierras incluidas por las Farc en su inventario de recibir un predio con características semejantes en otra ubicación o una reparación material. Esto, con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, para abandonar la ocupación.
Una determinación que busca actuar en conformidad con las disposiciones sobre segundos ocupantes de los Principios Pinheiro, que están aplicados al manual sobre restitución de las viviendas y el patrimonio de refugiados y personas desplazadas, y la jurisprudencia constitucional.
Aunque el principio es claro, genera varias dudas. Una de ellas está relacionada con la naturaleza de este tipo de predios, que según Camilo Gómez, ex alto Comisionado de Paz deberían recibir, primero, procesos de extinción de dominio. Una determinación judicial que para Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, vendría inmediatamente después de compensar a los ocupantes que a la fecha se encuentran haciendo uso de estos bienes.
“Supongo que la ocupación de buena fe será corroborada por vía administrativa o judicial”, aseguró Cepeda, porque muchas personas en el marco del conflicto armado adquirieron tierras de origen ilícito sin saberlo. En ese sentido, la ley buscaría proteger el derecho a la propiedad de estos ocupantes, antes de someter los bienes a procesos de restitución o extinción de dominio.
Pero para algunos gremios, esta decisión no va por el camino correcto. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, dijo que este artículo permite entregar predios a milicianos y sus familiares, sin ser los legítimos propietarios de los bienes rurales. “Ese artículo busca permitir el testaferrato abierto, es decir de tierras que fueron adquiridas violentando a campesinos. Será el comienzo de una confrontación sin cuartel”, aseguró el dirigente ganadero.
“Desde el gremio vemos con enorme preocupación que se pueda llegar a legalizar posibles testaferratos de las Farc en el territorio nacional”.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), manifestó que ve el artículo 11 con gran preocupación porque “podría llegar a legalizar el testaferrato de las Farc en Colombia”. Porque uno de los grandes retos que tendría el Gobierno, si el artículo se mantiene en la ley, sería demostrar que el uso y ocupación de un predio reportado en dominio de las Farc no está relacionado con las actividades ilícitas que realizó ese grupo.
Por un lado, los gremios señalaron que el Gobierno Nacional debe justificar por qué se incluyó esta compensación dentro del proyecto, y si el artículo está relacionado con lo acordado en La Habana. Pero por el otro, senadores como Cepeda aseguraron que este principio no es nuevo. “Esto existe a partir de la discusión de la Ley de Víctimas y la restitución de Tierras, no entiendo por qué ahora tendría que generar sospechas”.
Lo cierto es que la ley de tierras será presentada al Congreso por trámite ordinario, lo que le reduce las posibilidades de pasar con el articulado en limpio para su implementación.
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