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El Ministerio de Energía expidió la Resolución 40185 en el que se establecen las reglas técnicas. No obstante, aún se trabaja en el proceso de reglamentación contractual, social y ambiental
El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer los lineamientos técnicos finales que tendrán que seguir las empresas interesadas en el desarrollo de los proyectos pilotos de investigación integral (Ppii) de fracking. A través de la Resolución 40185, la cartera reveló las condiciones generales para este proceso y ratificó que serán cuatro proyectos ubicados en el Valle Medio del Magdalena y la cuenca Cesar- Ranchería.
Para la ejecución de estas iniciativas, fijó el Ministerio, se tendrán que cumplir algunos pasos, a la par que las autoridades realicen el monitoreo de los indicadores. Así quedó pactado en la versión final del documento, en la que, además, se estableció que “la información relacionada con el desarrollo de los Ppii será recopilada y divulgada a través del Centro de Transparencia”. Esto no solo ayudará a los contratistas interesados, sino a que el país esté al tanto de todas las investigaciones.
Las nuevas normas recogen los estándares internacionales de la American Petroleum Institute (API) y The Norwegian Shelf’s Competitive Position, las cuales, según la cartera minero energética, han sido utilizados en los países en donde hoy se ha logrado avanzar en la fracturación de los no convencionales.
“Los Ppii permitirán generar conocimiento para el fortalecimiento institucional, promover la participación ciudadana, la transparencia y acceso a la información. Será un proceso técnico, científico y claro, que le permitirá al país comprobar la viabilidad de la técnica y generar confianza en las regiones de operación”, explicó Francisco Lloreda, presidente de la ACP.
"Los pilotos nos permitirán medir los impactos ambientales y sociales de su implementación, con el propósito de establecer los riesgos reales de utilizar esta tecnología"
“Será un proceso técnico, científico y claro que le permitirá al país comprobar la viabilidad de la técnica y generar confianza en las regiones de operación”.
Una de las condiciones que se establecieron es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tendrá la facultad para fijar los criterios de competencia con los que se hará la selección de las petroleras que desarrollarán las iniciativas. Con esta decisión, se confirma lo que hace unos días le explicó el presidente de la entidad, Armando Zamora, a LR, pues en su momento añadió que todo será a través de convocatoria, la cual prevé adjudicarse a más tardar en octubre.
Aunque con este reglamento técnico el Gobierno Nacional continúa avanzando en el desarrollo de los pilotos, todavía quedan algunos trámites, así como la expedición de las normas ambientales. Estas últimas están a cargo del Ministerio de Ambiente, que hace unas semanas sacó un documento a consulta para definir cómo serían los Estudios de Impacto Ambiental en los territorios.
Por ahora, se prevé que la Agencia Nacional de Hidrocarburos continúe trabajando para la ejecución de todo el proceso de selección. Es de resaltar que, si bien desde el lado de los ambientalistas todavía no se ven las garantías claras para que se puedan iniciar los pilotos, desde la industria se confía en que todo este proceso será necesario para obtener información y tomar las decisiones.
“Es una oportunidad poder obtener información confiable para las partes, en un proceso transparente y de libre acceso que permita la participación ciudadana, como elemento indispensable para la construcción de confianza. Los pilotos nos permitirán medir los impactos ambientales y sociales de su implementación, con el propósito de establecer los riesgos reales de utilizar esta tecnología”, dijo Germán Espinosa, presidente de Campetrol.
Con el desarrollo de los cuatro proyectos piloto, los gremios petroleros estiman que se demandarán inversiones por lo menos de US$600 millones anuales. De hecho, de pasar a una eventual fase de explotación, calculan que se llegaría hasta US$5.000 millones.
Estas estimaciones van de la mano con las que tiene el Gobierno, pues, si bien aún es incierto si se desarrollará la técnica, de implementarse se alcanzaría un recaudo fiscal que asciende a $323,7 billones. “Es una oportunidad para superar la discusión y generar progreso, especialmente en un momento en donde se requieren recursos económicos”, añadió Lloreda.
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