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Entre lo nuevo en el articulado, se plantea la formación para la promoción de empleos verdes y azules, además de cambios en el teletrabajo. Mantiene mayores recargos
Esta semana, el Ministerio de Trabajo radicó sin previo aviso la nueva reforma laboral en la Cámara de Representantes. En líneas generales, el nuevo documento de 92 artículos mantiene las bases del presentado en marzo de este año. Pese a que la cartera venía realizando la iniciativa de “reformas a la calle” para la socialización, gremios insisten en que no hubo concertación con ellos.
Reiteran que no hubo concertación con ellos, y que el objetivo debe ser generar empleo y reducir la informalidad.
En una visión contraria, la ministra, Gloria Inés Ramírez, señaló que la discusión no se debe limitar a incrementos salariales y de empleos. “Se debe hablar también de una dimensión de derechos, de trabajo digno y decente. Estamos buscando que el país transite hacia los derechos de los trabajadores”.
Lo cierto es que, respecto al nuevo articulado, se mantiene el aumento en recargos nocturnos y dominicales en 100%. Asimismo, continúa el cambio en la jornada nocturna de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. Respecto a esto, desde gremios como Fenalco se proponen jornadas de trabajo diferenciales para ciudades que trabajan en jornadas especiales.
En esa línea, Rosmery Quintero, presidente ejecutiva de Acopi, dijo que “no se deberían hacer cambios que incrementen la estructura de costos de las empresas, generando desempleo”. Otro tema nuevo en la reforma, pero que ya existía en la legislación, es el de la cotización por tiempo parcial. Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight explicó que con la reforma se permitirá la cotización por un monto menor al mínimo, “esto de facto es un mecanismo de formalización”. Y en línea con la agenda ambiental del Gobierno, la reforma incluyó la promoción de empleos verdes y azules. Este punto es de lo nuevo que trae el articulado, y está relacionado con promover el trabajo a distancia, para mitigar el impacto climático.
Un aspecto que se mantiene, pero que trajo cambios respecto al primer documento, es el de la tercerización e indemnización por despidos. Saida Quintero, socia fundadora de Quintero y Quintero Asesores, dijo que “se incluyó un parágrafo que dice que si el contratista despide al empleado, este puede demandar. La empresa estaría obligada a reintegrarlo, y pagarle una indemnización de 365 días de salario mínimo”. Con esto, la experta explicó que la reforma continúa desincentivando el despido. “Ningún contratante va a querer tercerizar, si con este escenario estaría obligado a reintegrarlo”.
Aunque no es un punto realmente novedoso en el sistema laboral colombiano, expertos ven con buenos ojos que se promueva la cotización a tiempo parcial, con énfasis para diferentes vinculaciones; como jornal agropecuario y trabajadores de plataformas de reparto. En la reforma también se plantea la protección a los trabajadores ante la descarbonización y la transición energética. Es decir, en articulación con los objetivos que se está trazando la cartera de Minas y Energía, toda aquella empresa que esté en proceso de descarbonización, deberá tener un plan de reconversión laboral, esto para todos aquellos trabajadores que se puedan ver afectados con el cambio en funciones. El proyecto también promueve los empleos verdes y azules.
En la reforma se mantienen los puntos de incremento de recargos y cambio en jornada nocturna. Para los gremios, este punto incrementaría significativamente los costos laborales. Por eso, gremios como Fenalco han propuesto jornada diferencial para ciudades nocturnas. Otro punto es el de la promoción del teletrabajo y trabajo a distancia. Aunque se señala que esto permitiría mitigar el impacto ambiental, gremios como Acopi señalan que esto incrementaría costos en adecuación y conectividad, lo cual sería un nuevo choque para el que el tejido de las pequeñas empresas no estaría preparado. En asociación sindical, se sigue promoviendo la huelga como derecho fundamental, lo cual aumentaría conflictos laborales.
El tema de tercerización tuvo algunos cambios respecto al proyecto presentado en marzo. En un parágrafo del artículo 45 se señala que si los contratistas despiden a sus empleados, estos podrán demandar a la empresa contratante para ser reintegrados. De ser así, recibirían una indemnización de 365 días de salario mínimo. Expertos señalan que esto es un desincentivo a la tercerización, modalidad de contratación que es clave para sectores como el de bares. Se mantiene, además, la indemnización para despido sin justa causa para ciertos segmentos de empleados. Esto sería, dicen los expertos, un desincentivo a la contratación para grupos vulnerables como mujeres en estado de embarazo o prepensionados.
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