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La Ministra respondió a críticas del proyecto, que se adjudicó a un contratista que presentó garantías falsas y tiene un pasado non sancto
Por varios meses el Ministerio TIC ha tenido que enfrentar una avalancha de críticas por la adjudicación de un contrato que buscaba conectar a más de 7.468 colegios en las zonas rurales de 15 departamentos del país. El punto de quiebre se dio cuando pese al desembolso de cerca de $70.000 millones al contratista UT Centros Poblados (conformado por la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación- Funtic), no había avances en las conexiones y al indagar más a fondo se encontró que la empresa había presentado unas garantías falsas, tiene un proceso de detrimento patrimonial en la Contraloría e investigaciones disciplinarias en la Procuraduría.
Para responder algunas las dudas que aún hay sobre la licitación y conocer los pasos a seguir para la conexión de las zonas, la ministra, Karen Abudinen, explicó cómo avanza el tema.
¿Qué fue lo que pasó con el contrato de la Unión Temporal Centros Poblados?
Citamos a una audiencia por presunto incumplimiento para pedir explicaciones al contratista Unión Temporal Centros Poblados, por su retraso en la ejecución del contrato. El acuerdo establecía que a abril 30 debía haber entregado 750 escuelas rurales conectadas y no había entregado ninguna. También citamos al garante, que era supuestamente Itaú, y en esa audiencia el banco informó que no expidió la garantía bancaria que el contratista cargó en el SECOP II.
Es decir, estábamos ante un contratista que no solo presentaba atraso en la ejecución, sino que no contaba con la garantía que la ley exige, y esta última es la razón por la cual iniciamos de manera inmediata el proceso de la caducidad. Adicionalmente, instauramos denuncia ante la Fiscalía y pusimos el caso en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría, para que dieran inicio a las investigaciones.
Nunca se tuvo duda de proceder conforme al debido proceso y a usar las herramientas que la ley nos da para proteger los recursos del Estado. Esta medida es consecuencia de la actitud vigilante del Ministerio.
¿Por qué no se revisó la garantía?
No le quepa duda de que pólizas y garantías se verificaron de acuerdo con los procedimientos establecidos. La Ley estipula unos lineamientos y por esa razón encargamos de la estructuración, análisis de riesgos y revisión de las garantías a SesColombia S.A.S, contratada desde 2015, la cual revisó y recomendó la aprobación de la garantía presentada. No es posible que una entidad con tanta experiencia y reconocimiento no se haya dado cuenta de la no expedición de la garantía por Itaú.
Di instrucciones para comenzar la actuación administrativa sobre SesColombia y establecer su responsabilidad, y luego de las denuncias instauradas por el Ministerio, la Fiscalía realizó visita a la empresa para recopilar la información que sea necesaria para esta investigación y entrevistó a los empleados.
¿Por qué se ganó la licitación un contratista sin experiencia?
Para ganarse esa licitación los proponentes debían cumplir dos tipos de requisitos: uno eran los habilitantes: jurídicos, técnicos y financieros; y el otro eran los puntuables: hacer la mejor propuesta en cuanto a número de centros conectados adicionales, velocidad de navegación y tiempo de servicio. La Unión Temporal Centros Poblados cumplió con estos requisitos y generó la mejor oferta de valor. En cuanto a la experiencia, ellos la acreditaron. Tenemos la tranquilidad de que todo está publicado en SECOP.
¿Cree usted que hubo fallas al interior del MinTIC?
Si estamos en esta situación, tal vez en algo fallamos y estamos haciendo las investigaciones para identificar en qué y tomar los correctivos para que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Pero tenemos la tranquilidad que cumplimos con los procedimientos de la Ley 80, en el manual de contratación del Ministerio y demás normas aplicables.
Hay que decir que la actuación que se está investigando es la del contratista, que en este momento no presentó la garantía única de cumplimiento, lo que hace inejecutable el contrato.
Vale la pena destacar que nuestra actuación ha sido rápida y contundente. Tan pronto descubrimos la irregularidad iniciamos un proceso administrativo y en tan solo 45 días adoptamos decisiones. En la mayoría de los casos de caducidad en la historia de la contratación, esta medida se ha aplicado casi al final del contrato y cuando ya habían entregado todo el dinero.
¿Cuáles son las medidas que han tomado?
Hasta la fecha, seis medidas: la primera, es la declaración de caducidad, que es la mayor sanción que se puede imponer a un contratista. Vale la pena aclarar que ante esta medida tienen recurso de reposición. La segunda, es que pedimos a la Fiscalía que adelante la investigación penal. Tercero, pedimos a los organismos de control su intervención para que investiguen los procedimientos administrativos. Cuarto, separé al supervisor y encargué a un equipo nuevo de esa tarea. Quinto, iniciamos actuaciones frente a la interventoría y SesColombia. Y sexto, pedí a control interno que inicie una auditoria exhaustiva. En todas hemos garantizado el debido proceso.
¿Por qué le entregaron un anticipo de $70.000 millones?
En la estructuración del modelo financiero se determinó la necesidad de un anticipo para apalancar el inicio de la ejecución. Este corresponde a 6,5% del contrato y se entregó porque este proyecto es rural y tiene unos desafíos de infraestructura, de geografía y de logística complejos.
Aquí cabe mencionar que la entrega, manejo y control del anticipo se realiza a través de una fiducia y con la vigilancia y aprobación de la interventoría.
“Usualmente estos procesos son conflictivos y para recuperar el dinero se requeriría un proceso judicial o arbitral. Con la caducidad, en principio se podría ir recontratando”.
¿Esa platica se perdió?
No, utilizaremos todos los recursos de la Ley para garantizar que esos recursos del anticipo regresen lo más pronto posible al proyecto.
¿Ha considerado renunciar?
No. Esta es una situación que ningún funcionario desea, pero aquí estoy enfrentando cada paso del proceso. No tengo nada que esconder y mi conciencia está tranquila, estoy aquí por vocación y mis resultados hablan por mí. Por eso es que antes de que se acabe el Gobierno del presidente Duque, esos 7.000 colegios quedarán conectados. Mi foco sigue siendo la meta de conectividad: 70% de los hogares colombianos conectados a internet para agosto de 2022. Y voy a asegurarme de que todos los involucrados dentro y fuera paguen por lo que hicieron.
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