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La hoja de ruta del próximo cuatrienio incluye nuevos subsidios para diferentes grupos de la población y sienta las bases de la focalización de estas ayudas
A pesar de que la Contraloría estima que en 2017 el Gobierno destinó alrededor de $118,5 billones para sostener el gasto público social, la verdadera problemática de las ayudas estatales es la inequitativa distribución entre la población, pues según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) los más acaudalados reciben hasta $4 de cada $10 en subsidios.
Debido a la ineficiencia de estos recursos, en el Plan Nacional de Desarrollo que se discutirá en unos días en plenarias del Congreso se empiezan a sentar las bases de lo que será esa política de subsidios que planteó hace unos meses el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que pretende focalizar este tipo de ayudas para que realmente lleguen a los más vulnerables.
En ese sentido, el artículo 299 del Plan busca generar una mayor eficiencia en los subsidios de energía eléctrica y gas, que son junto con los de las pensiones los más inequitativos actualmente. En concreto, el proyecto dice que se implementarán una serie de medidas que permitan el cruce entre la estratificación y la información socioeconómica de los usuarios de menores ingresos. De este modo, se focalizarían los subsidios y los estratos dejarían de ser la única referencia para asignar estas ayudas.
“Irá destinado para los estratos 1, 2 y 3. Hay gente que hoy en día accede al mismo tiempo al subsidio de gas propano y al de gas natural. Con estas medidas se realizará un cruce para que una misma persona no se beneficie de estos dos subsidios”, manifestó el presidente de la Comisión Tercera de Cámara, Óscar Darío Pérez.
Por su parte, en el texto también se indica que los subsidios para los combustibles líquidos, biocombustibles y GLP se revisarán con el fin de establecer una metodología eficiente que garantice un precio competitivo para los usuarios, al tiempo que se genera sostenibilidad fiscal. El encargado de revisar estos subsidios de transporte de combustibles será el Ministerio de Minas y Energía.
Además, en el borrador del texto propuesto para segundo debate también se establecen varias ayudas para diferentes grupos de la población como los pequeños productores rurales o las madres que hayan dejado de ser sustitutas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), es decir, que ya no se encarguen del cuidado de niños que por alguna medida de protección les habían sido entregados.
Por ejemplo, el artículo 218 se incluye un subsidio de solidaridad pensional para aquellas madres que dejaron de serlo desde noviembre de 2015, que desarrollaron la labor por un tiempo no menor de 10 años y que en la actualidad no reúnen los requisitos para acceder a una pensión. En este caso, el Icbf sería la institución encargada de determinar a las posibles beneficiarias.
En la propuesta para segundo debate también aparece un subsidio de energía para los distritos de riego. Según el texto, la Nación asignaría un monto de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente a 50% del costo de la energía y gas que consuman los distritos de riego que utilicen equipos electromecánicos para su operación.
Así mismo, el Plan también establece la asignación de un subsidio de salud pleno para aquellas personas del régimen subsidiado del sistema que estén clasificadas como pobres o vulnerables de acuerdo con el Sisbén. Ello significa que estos no contribuirían al sistema. Al contrario, el texto indica que los afiliados al régimen subsidiado que sean catalogados como no pobres sí deberán contribuir solidariamente de acuerdo a su capacidad de pago parcial.
“Es clave analizar si existe una justificación económica sólida para la introducción de nuevos subsidios o exenciones, con una identificación clara de la falla de mercado o de gobierno que se pretende resolver, así como con el costo-beneficio estimado de cada una de las medidas”, opinó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
Además, el Plan también menciona especificaciones de otros subsidios como el de vivienda de interés social en el que dice que no se podrán otorgar ayudas por encima del tope de recursos previstos.
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Los empresarios de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros denunciaron que fue incluido en el texto un ‘mico’ con el que las autoridades territoriales podrían acordar mecanismos de organización a través de convenios interadministrativos para prestar servicio de viajes intermunicipales de corta distancia. Este sería el artículo 104. Se espera que la segunda ponencia del Plan se radique en el Congreso esta semana para posteriormente iniciar las discusiones en plenarias y aprobar el texto final antes del 7 de mayo.
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