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Expertos y gremios advierten que una decisión así puede tener impacto en la operación de la empresa, aunque el presidente no ha dado luz verde para que se tome la medida
Las tarifas de servicios volvieron a ser noticia ayer cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó al presidente, Gustavo Petro, un permiso para congelar las tarifas de servicio de EPM.
Advertencias de Andesco llegaron casi de forma inmediata. El gremio dijo que esta petición debería hacerse al gerente general, es decir, a Jorge Carrillo, y que “al tomar decisiones que ponen en riesgo la sostenibilidad financiera empresarial, los usuarios se pueden perjudicar”.
Quintero confirmó a LR que en la noche del jueves se habló internamente el tema en EPM y que se ha conversado con la Junta Directiva. “Es una decisión necesaria y fundamental en un momento en que el país vive unos niveles altos de inflación”.
Respecto a la sostenibilidad financiera, el alcalde aseguró que la empresa tiene el músculo para hacerlo. Dijo que recibió a EPM con estados financieros deteriorados, especialmente por Hidroituango. “Desde entonces, con una administración inteligente hemos logrado sacar adelante este proyecto, evitar las sanciones de $4 billones y ponerla a funcionar con ingresos que ya superan $200 millones con las dos primeras turbinas, además de recuperar $4,3 billones, eso nos da estabilidad financiera suficiente y necesaria para emprender acciones como esta”.
Sin embargo, expertos advierten que la congelación de tarifas podría afectar a las empresas en diferentes frentes. Hemberth Suárez, socio fundador de OGE Legal Services, firma especializada en el sector de energía, resalta que “se verían impactados los flujos mensuales de operación de las empresas y se bajaría la calificación crediticia y, como consecuencia, aumentarían las tasas de interés”.
Suárez agrega que al hacer eso no se reconocería a los inversionistas la actualización a la que tienen derecho como empresarios. “Las tarifas deben actualizarse en función de las realidades del mercado, no pueden ser trasladadas a los accionistas de las empresas de servicios públicos”, apunta.
El experto también dice que no sería diferente para una empresa pública, puesto que todas cumplen el mismo régimen en donde las tarifas deben estar actualizadas. “En el caso de implementarse esta medida, la empresa va a dejar de percibir la actualización y por consecuencia tendrá que traer más dinero de otro rubro para la adecuada prestación del servicio”.
“Tenemos estabilidad financiera suficiente para emprender acciones como esta, gracias a la administración inteligente y operación de Hidroituango”.
“La empresa va a dejar de percibir la actualización de tarifa y como consecuencia tendrá que traer más dinero de otro rubro para adecuar la prestación del servicio”.
El alcalde Quintero señala que la medida se da como respuesta a la alta inflación que impacta a los hogares. Sin embargo, como la decisión se toma en primer impacto para los usuarios, Suárez advierte que un efecto podría ser el cierre de operaciones de ciertas empresas en algunas regiones, pese a que puede ser bien percibido durante los primeros meses por los usuarios.
De aprobarse, iría hasta el 31 de diciembre
El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, comentó a LR que recibió retroalimentación del presidente, Gustavo Petro. “Dijo que le gustaba la propuesta pero quería discutirla de forma particular con nosotros. Haremos una mesa para explorar esa y otras alternativas”, comentó. Quintero también mencionó que si la medida fuera aprobada por Presidencia, se aplicaría de forma inmediata e impactaría 13 departamentos. “La medida llegaría hasta el último día de mi gobierno, que es el 31 de diciembre de este año, luego sería una discusión entre el nuevo alcalde o alcaldesa con el Presidente".
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