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Un grupo de exministros y exviceministros de salud radicaron un derecho de petición al ministerio para conocer el documento oficial de la reforma estructural
Desde el 6 de febrero iniciaron las sesiones extraordinarias en el Congreso, con lo que se espera que la reforma a la salud esté en la agenda de debate legislativo.
Aunque aún no hay fecha de radicación, se espera que la reforma a la salud también empiece a discutirse en las extraordinarias en el Congreso. Similar a esta poca claridad que hay con las fechas, también está el propio documento o articulado del proyecto de ley, pues a la fecha de hoy todavía no se ha publicado un escrito oficial que componga las principales políticas de ejecución, ni tampoco existe claridad del papel de varias entidades clave en el sistema de salud actual, como las EPS.
Pese a este panorama, hay muchos vacíos y ni la ciudadanía, ni expertos, ni entidades gremiales conocen aún los puntos concretos de la reforma. En ese sentido, un grupo de expertos compuesto por ministros, ex viceministros de salud y un ex magistrado de la Corte, envió un derecho de petición exigiendo que se publique el documento de la reforma para abrir un debate transparente y contractual.
El grupo multidisciplinario está conformado por los exministros Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Diego Palacio Betancourt, Mauricio Santamaría Salamanca, Beatriz Londoño Soto y Fernando Ruiz Gómez; también están los exviceministros Eduardo Alvarado Santander, Carlos Castro Espinosa, Juan Gonzalo López Casas, Blanca Elvira Cajigas Castro, Jairo Núñez Méndez, Carlos Jorge Rodríguez Restrepo, Carlos Ignacio Cuervo Valencia, Diana Cárdenas Gamboa, Iván Darío González Ortiz, María Andrea Godoy Casadiego, Germán Escobar Morales y el ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Aquiles Arrieta.
En el documento, el grupo planteó 15 preguntas generales que abordan cinco aspectos: participación en el proceso de consideración, deliberación y aprobación de la reforma (cuatro preguntas); cumplimiento de mínimos constitucionales de la política pública en la cual se enmarca la reforma estructural propuesta (tres); razonabilidad, proporcionalidad y progresividad de las medidas propuestas (tres) ; el régimen de transición (tres); y la sostenibilidad de la reforma (dos). Estas son las incógnitas.
“El Gobierno ha dicho que esta reforma ha sido ampliamente socializada, pero lo cierto es que al hoy, el país no conoce el articulado. Lo que se conoce ha sido a través de presentaciones de una sola vía”.
“Queremos propiciar un debate técnico, participativo, que estimule un sólido consenso sobre lo que es deseable y lo que es posible conforme a los logros desde la reforma de 1993”.
La primera línea de las 15 preguntas son referentes, precisamente, al hecho de que no han sido publicados los principales puntos que tendrá el articulado, y comprenden cuatro consultas.
Desde el grupo técnico, la discusión se empieza a desplegar en torno a la necesidad de un debate público y transparente. La primera pregunta a la ministra Corcho se centra en conocer cuáles van a ser las medidas para asegurar la participación de la comunidad en el debate público de la reforma.
Sobre la misma línea, los exfuncionarios también se preguntan cuáles han sido los grupos y equipos consultados para exponer la reforma a la salud y por qué existiría un trato diferenciado frente a los distintos actores.
Las tercera pregunta en este frente tiene que ver con las razones detrás de afectar la legitimidad democrática, poniendo en riesgo la seguridad jurídica. Y la cuarta, si en la reforma se propondrá la modificación de normas de carácter estatutario.
El segundo eje de los cuestionamientos, que incluye otros tres puntos, se refiere al cumplimiento de mínimos constitucionales de la política pública. En ese sentido, el quinto requerimiento solicita que se dé a conocer el Plan de Política Pública amplia de salud.
Mientras que en el sexto el grupo se pregunta si hay algunos aspectos de la reforma que no se vayan a desarrollar mediante ley sino que se delegarán al Gobierno y a la Administración; y en el séptimo, se deja abierta la inquietud de si hay otros puntos del articulado que se esperan debatir en el Congreso a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Continuando con las inquietudes que ha dejado el modelo de salud deseado por la ministra Corcho, los expertos concentraron otro grupo de tres preguntas relacionadas con la razonabilidad, proporcionalidad y progresividad de las medidas que se propondrán en la reforma.
En ese grupo, y siguiendo con el listado de 15 en total, la octava incógnita es, de los avances que ha logrado el sistema actual, cuáles se van a conservar, modificar y eliminar, por lo menos de manera temporal.
En esa misma línea, el noveno punto, que más que una incógnita es una petición, solicita presentar cuáles son los indicadores de goce efectivo del derecho a la salud que se están empleando para analizar el sistema actual de forma integral; y el décimo solicita hacer pública la totalidad de la información, los datos y los estudios que sustentan la propuesta de reforma de ley.
Tal como lo había advertido LR, así como en la energía, en la salud también se propone una transición y es precisamente este el eje del siguiente grupo de preguntas. El undécimo punto cuestiona el hecho de que aún no se ha protegido el derecho de participación temprana y amplia en la propuesta de régimen de transición a los actores e instituciones del Sistema, en especial a aquellas que se verán afectadas de manera importante por la reforma. El duodécimo y el decimotercero piden esclarecer cuáles serán las reglas de dicha transición, y qué mecanismos y herramientas contemplará la reforma para monitorear la implementación, en su orden.
Las últimas dos preguntas se refieren a la sostenibilidad. ¿Cuál es el costo de la reforma estructural que se propone? Y ¿Cuáles son las medidas concretas y específicas que contempla para asegurar disponibilidad del derecho a la salud con sostenibilidad?
Según expertos, ¿cuáles deberían ser los puntos clave de la reforma a la salud?
“Hay preocupación en el sector laboral, entonces las condiciones de la fuerza laboral deben apropiarse para beneficio del profesional y del paciente”, dice Eduardo Alvarado, exviceministro de Salud. En un segundo tramo está la cobertura del sistema de salud en las zonas rurales. Este debe tener mejor dirección y mayor seguimiento por el Estado y no solo por entes territoriales. Y por último, en relación a la eliminación de la intermediación financiera, la figura que intermediará los fondos del Adres debe ser idónea y transparente.
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