Los efectos en la economía colombiana si el fracking no avanza, según los gremios

En un momento como el que atraviesa el país cuando ya empiezan a definirse los nombres de quiénes conformarán el gabinete de Gustavo Petro, las reacciones entre aquellos que difieren en sus posiciones empieza a agitarse. Sin duda, uno de los más polémicos ha sido el nombramiento de Susana Muhamad como ministra de Ambiente, debido a sus intenciones de cancelar los pilotos de fracking, las cuales han obligado al gremio petrolero a pronunciarse.

Este fue el caso del Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, quien aprovechó las declaraciones de Muhamad para reiterar sobre la importancia de la industria de petróleo y gas no solo para la balanza comercial y de divisas, sino también para las transiciones que requiere hacer el país.

Según estudios del Gobierno, la exploración y producción de Yacimientos No Convencionales (YNC) a través de la facturación hidráulica, o fracking, sería una garantía que le permita a Colombia alcanzar una estabilidad macroeconómica a largo plazo. Esta tecnología le dejaría a las arcas públicas cerca de $324 billones en 30 años, un escenario que, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, equivale a 30% del PIB.

De negarse la posibilidad de implementar esta técnica, el país perdería una inversión por más de $100 billones que se tiene estimada para estos dos pilotos, liderados por Ecopetrol.

Lloreda indicó que de realizarse los cuatro pilotos que se tenían previstos en su momento y en caso de llegar a la etapa de producción, “estos podrían aportarle al país mínimo 400.000 barriles adicionales de petróleo y reservas de gas por aproximadamente 25 años”.

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A su vez, destacó la importancia de la decisión del Consejo de Estado, señalando que la regulación técnica para la exploración con fines comerciales con fracking, expedida durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se ajusta a la Ley y por lo tanto, el Principio de Precaución, no puede tener un carácter prohibitivo y paralizante.

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó que con esta disposición, el Consejo niega las pretensiones del demandante que apuntaban a lo que sería una falta al principio ambiental, el derecho a un entorno sano y el impedimento al aprovechamiento integral de los recursos naturales.

Por otro lado, indicó a La FM, que aunque existe la facultad de terminar unilateralmente los siete contratos ya firmados, esta acción traería contingencias jurídicas e indemnizaciones. “Los contratos le otorgan unos derechos a las empresas y uno de los activos más importantes del país y en especial, del sector de hidrocarburos es la estabilidad jurídica, el respeto por los acuerdo contractuales y las reglas de juego. De este modo, de llegarse a revocar estos contratos, el Estado colombiano quedaría expuesto a un litigio bastante complejo en tribunales internacionales”. Mesa recalcó que el país en lugar de darle la espalda a estos recursos, debería empezar a capitalizarlos.

La incertidumbre por el futuro pondría incluso, en juego, el valor del peso

Jorge Restrepo, director del Centro de Investigación y Estudios sobre Conflictos (Cerac), indicó que no sería sorprendente una continua devaluación del peso tras las declaraciones de quien será la nueva titular del Ministerio de Ambiente, en las que reitera en el interés del nuevo Gobierno por buscar el cierre del fracking en el país. Ya se completan más de cinco días de mercado en el que el peso colombiano se deprime y alcanza un valor mínimo histórico frente al dólar, es decir, cada vez más cerca de “niveles no pensados”.