MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Se centrará en cuatro pilares, que son obtener recursos, proteger a los vulnerables, reactivar la economía y buscar estabilidad fiscal
Después de casi dos meses en los que ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, buscó llegar a consensos sobre el proyecto de ley de inversión social, ayer se presentaron los componentes de la que será la tercera reforma tributaria en el Gobierno de Iván Duque, la cual se radicará ante el Congreso el próximo 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura.
Este documento buscará lograr un recaudo de $15,2 billones y se centrará en cuatro pilares, que son obtener recursos, proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y buscar la estabilidad fiscal.
Fuentes de recaudo
Luego de la agitación social que generó la reforma que presentó el exministro Alberto Carrasquilla, uno de los puntos en los que se enfocó el nuevo jefe de la Cartera fue en no afectar a la clase media.
Así, en línea con algunas de las propuestas que plantearon la Andi y el Consejo Gremial Nacional (CGN), tres de las fuentes de recursos del nuevo articulado provendrán de la solidaridad empresarial.
Como primer punto, se mantendrá el descuento del ICA en 50%, no en 100% como se planteaba en la Ley de Crecimiento. Con esta medida, se lograría un recaudo de $3,9 billones.
Además, se establecerá una tarifa de 35% en el impuesto de renta corporativo, uno de los niveles más altos dentro de los países miembros de la Ocde. Así se lograrían $6,7 billones adicionales. Por otro lado, se extenderá la sobretasa de renta de tres puntos porcentuales al sector financiero hasta 2025, con un recaudo de $392.000 millones (precios de 2023).
“Aquí hay solidaridad, el sector empresarial, a través de este conjunto de acciones, está diciendo presente, vamos hacia adelante. Esperamos que en el Congreso, con esta propuesta simple que deja a salvo a la clase media, se respete al máximo la propuesta, especialmente porque ha sido consensuada con las regiones y con los partidos políticos”, dijo Julián Domínguez, el presidente del CGN.
Eso sí, se mantendrán otros beneficios de la anterior reforma, como aquellos relacionados con la contratación de jóvenes, la economía naranja y la renta exenta para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques.
Además, del total del recaudo, $760.000 millones se lograrán a través de la normalización tributaria, regularizando los capitales de los colombianos en el exterior.
Por otro lado, las cuentas del Ministerio de Hacienda indican que se recaudarán $1,9 billones por cuenta de la austeridad en el gasto público.
“Estamos comprometidos con la austeridad del gasto público y la lucha contra la evasión fiscal con nuevos instrumentos. De estos, se generará 40% de lo contemplado”.
“El lanzamiento del proyecto de inversión social demuestra que el país puede avanzar en la generación de empleo juvenil y femenino, y aporta al empresariado”.
“Reconocemos la importancia del proyecto para la inversión social. Vemos con buenos ojos que haya austeridad en el gasto público y que no se toquen los servicios públicos”.
“Respaldamos la construcción colectiva de este proyecto y, como cadena de valor de la construcción, apoyaremos la discusión del articulado próximo a radicarse”.
“Necesitamos recursos a través de empréstitos para que los programas que se van a realizar con esta inversión social sean una realidad. Estamos felices por el consenso social”.
“El sector empresarial entendió que no podíamos acudir a los ciudadanos y que nos iba a tocar hacer un esfuerzo especial. El sentido de unión y el diálogo deben prevalecer”.
“Los 29 gremios del Consejo construimos siete propuestas que tienen como fin poner sobre la mesa la mirada del sector empresarial para generar empleo y equidad”.
De acuerdo con Restrepo, ese monto se logrará a través de medidas como limitar el crecimiento de la burocracia; restringir cambios en la plata de personal; limitar los gastos en bienes y servicios; lograr un ahorro de 50% en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años; controlar los gastos de arrendamiento; racionalizar los esquemas de seguridad, y controlar los contratos de prestación de servicios.
Otros $2,7 billones se recaudarán a través de la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos.
De la mano de la Dian se implementarán nuevas medidas que incluyen la transformación de la factura electrónica, sacar el RUT a aquellos evasores que no cuentan con este registro y hacer la georreferenciación de los inmuebles.
“Los dos esfuerzos de lucha contra la evasión y austeridad en el gasto representan 40% de lo que está contemplándose. Hay un ejemplo del Gobierno Nacional de contribuir a esos propósitos sociales”, aseguró Restrepo.
Instrumentos de reactivación
La reforma también contempla medidas que apoyan la reactivación económica. En ese sentido, se implementarán hasta tres días sin IVA al año, con el objetivo de dinamizar el comercio electrónico.
En cuanto a la reactivación en los entes territoriales, se financiará hasta 50% del déficit operacional de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo.
A través del Sistema General de Participaciones (SGP) se entregarán $2,4 billones a las regiones para que se inviertan en educación, salud y agua potable, entre otros sectores.
También se extenderán algunas medidas que se establecieron durante la pandemia bajo el Decreto 678 de 2020, tales como los créditos de tesorería y los cupos de endeudamiento.
Medidas de gasto social
Uno de los enfoques del nuevo articulado de la reforma es mantener y ampliar el gasto social hasta el próximo año, especialmente luego de un año que dejó altos niveles de pobreza y de desempleo.
Una primera medida será ampliar el programa de Ingreso Solidario para que la transferencia de $160.000 le llegue a 200.000 familias más, con lo que se alcanzarían las 3,3 millones de familias beneficiarias, es decir, 9,8 millones de personas.
De acuerdo con las cuentas del Gobierno, este programa tendrá un costo de $2,1 billones en 2021 y de $6,6 billones en 2022. Su extensión disminuiría los niveles de pobreza de 42,5% a 34,2% y los de pobreza extrema, de 15,1% a 9,6%.
“Debemos seguir manteniendo un esquema de protección de las familias más vulnerables y extender ese programa, por lo menos, hasta finales de 2022”, dijo el presidente Duque.
También se invertirán $809.000 millones entre 2021 y 2022 con el fin de crear nuevos empleos para jóvenes y para el resto de la población.
Con ese propósito, se dará un subsidio de 25% de un salario mínimo para jóvenes de entre 18 y 28 años de edad, para el pago en pensiones, cajas de compensación y riesgos. Con esta medida se espera que se beneficien cerca de 188.000 personas y que el nivel de desempleo juvenil disminuya de 23,9% a 15,8%.
Igualmente, se dará un subsidio de 10% de un salario mínimo para incentivar el empleo en los demás grupos poblacionales, con lo que se beneficiarían cerca de 271.000 personas. En total, con ambas medidas, se prevé recuperar cerca de 500.000 empleos.
Como ya lo había anunciado el ministro Restrepo en la gira por las regiones, en el proyecto de la reforma se buscará extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) hasta diciembre de este año, una medida que costaría $1,1 billones y que beneficiaría 400.000 empleos y 55.000 empleadores.
Por último, se destinarán $700.000 millones al año en el programa de ‘Matrícula Cero’ en educación superior, que beneficiará a 695.000 estudiantes de pregrado que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Sostenibilidad fiscal
Se espera que con esta reforma se empiecen a poner en orden las finanzas de la Nación, bajando los niveles de deuda pública a mediano plazo, tal como se señaló en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp).
En ese sentido, este nuevo documento incluirá medidas que le den mayor capacidad técnica e independencia al Comité de la Regla Fiscal.
Además, se definirá un ancla en la deuda pública de 55% del PIB, así como incluirán ajustes automáticos del balance primario y de las metas fiscales cuando la deuda se acerque al límite estipulado.
Aspectos de la fallida reforma de Carrasquilla
El proyecto de ley de inversión social se presenta luego de que se retirara del Congreso la reforma tributaria que presentó el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Con el articulado anterior se buscaba lograr un recaudo de $23,4 billones haciendo ajustes estructurales en el sistema tributario colombiano.
Entre las medidas estaban eliminar la categoría de bienes exentos de IVA, ampliar la base gravable del impuesto de renta a las personas naturales y gravar las pensiones más altas. La propuesta también planteaba establecer peajes urbanos, imponer una sobretasa a la gasolina y disminuir la tarifa del impuesto de renta corporativo.
Colombia anunció la apertura de una embajada en Doha, fortaleciendo sus relaciones diplomáticas con Qatar
Desde el centro de pensamiento, aseguraron que el país "ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas de la región"
En Bogotá y su área metropolitana hace casi un mes se registran fuertes aguaceros, que han recuperado en buena medida los embalses
