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Las cifras de los servicios públicos en las últimas décadas
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Entre las críticas está que no se ha discutido sobre la renovación tecnológica del sector, y pidieron revaluar los ajustes para los nombramientos en la directiva de la Creg
El Gobierno alista el borrador que pretende reformar la Ley 142, conocida como la Ley de Servicios Públicos. Si bien el Ejecutivo ha planteado como ejes la universalización y la participación de los consumidores, expertos piden que no se pierda el carácter técnico de la normativa, que ha permitido alcanzar altos índices de cobertura.
Según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, tras 30 años de la entrada en vigencia de la norma, ésta ha traído grandes contribuciones no solo para los usuarios, sino para la economía nacional.
Con corte a 2023, el sector de servicios públicos fue el quinto que más inversión extranjera atrajo, US$2.339 millones, además que participó en 7% del PIB nacional, generando unos 690.000 empleos, de los cuales 76% son formales.
Según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, aunque es necesario hacer algunos ajustes, considera que no es necesario hacer una reforma.
“No hay un solo artículo que hable de la actualización tecnológica, que es el tema más importante que tiene que suceder después de 30 años, tampoco plantea la forma de regular los mínimos vitales, ni lo que tiene que ver medidores inteligentes; no se habla de internet, ni ningún proceso para mejorar tecnológicamente el sector de los servicios”, dijo Sánchez.
El dirigente gremial hizo énfasis en que esa reforma no puede ser usada para bajar las tarifas, ni modificar los requisitos para nombrar a los miembros de la Creg. Además, solicitó que los representantes de las comunidades que se sentarían en las mesas con las empresas, en caso de aprobarse el articulado, sean personas con conocimiento técnico del sistema.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, considera que no es necesario hacer una reforma para cambiar aspectos como las tarifas y le pidió al Gobierno más diálogo con los actores del sector.
“Si el tema es netamente tarifario, pues nosotros no consideramos que sea necesario modificar la Ley 142. Los temas de aumentar subsidios lo puede determinar directamente el Gobierno a través de una modificación. Sobre el tema de participación de las comunidades, no habría problema siempre y cuando se mantenga la calidad. Es decir, yo no puedo ser un usuario sin saber cómo funciona el sistema, o si yo voy a vincular gente a tomar una decisión, lo mínimo es que tengan conocimientos del marco regulatorio”, explicó Castañeda.
Expertos también piden que la Creg no se convierta en una unidad administrativa especial del Ministerio de Minas, pues perdería independencia, generando desconfianza e impidiendo avanzar en otros proyectos
“Estas regulaciones han permitido un avance en la energía renovable, una muestra de ello son las minigranjas solares, que permiten generar energía muy cerca a los grandes centros de consumo”, declaró Eduardo Ospina, CEO de Unergy.
“Nos parece funesta la politización de las empresas del Estado prestadoras de los servicios públicos, al dejar en cabeza de alcaldes y gobernadores la escogencia de los miembros de sus juntas directivas”.
“No hay un solo artículo que hable de la actualización tecnológica, que es el tema más importante que tiene que suceder después de 30 años, tampoco se plantea la forma de regular los mínimos vitales”.
El exministro de Minas, Amylkar Acosta, dijo que si la Presidencia asume la regulación, sería una pésima señal para la inversión del sector, porque afectaría la seguridad jurídica, pues otorgaría un poder excesivo a los reguladores.
“Se plantea, además, que sea mediante la Ley que se establezca el régimen tarifario, lo cual crea un enorme grado de incertidumbre. En dado caso, lo razonable sería establecer unos principios y parámetros a los que se debe ceñir el órgano regulador al momento de expedir sus resoluciones”, dijo el exministro.
El titular de la cartera, Luis Carlos Reyes, le dijo a Financial Times que el acuerdo actual beneficia más a las empresas que al Estado
La cifra equivale a 2% del PIB. Corficolombiana señaló que los recortes y la subejecución serían las claves del ajuste para cumplir con el límite de gasto público
El gobernador de Antioquia se refirió a la descentralización fiscal, la reforma a la salud y las razones por las que impulsa impuestos para la seguridad local
