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Gremios han propuesto revisar la fórmula del precio y analistas sugieren revisar los impuestos, pero esto tendría una implicación fiscal
El precio de la gasolina ha sido uno de los temas de conversación en la agenda pública desde el año pasado, pues a partir de octubre el Gobierno Nacional empezó a incrementar los precios de este combustible.
Ayer, algunos sectores del transporte convocaron marchas en contra de las alzas graduales implementadas, aunque el sector de taxistas no se movilizó porque llegaron a un acuerdo de revisar una tarifa diferencial para estos conductores y lo más probable es que el alza de septiembre no aplique para ellos.
Gremios han pedido hacer una revisión a la fórmula del precio por galón. Según explica Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en el sector, los tres principales componentes del precio de venta de un galón de gasolina corriente son: el ingreso al productor, los impuestos y la logística de distribución.
"El ingreso al productor corresponde a 66% del precio final y es el monto que recibe Ecopetrol por la gasolina. Sin embargo, dado que este monto es inferior al precio que podría obtener si la vendiera en Estados Unidos, el Fondo de Estabilización de Combustibles cubre esa diferencia. Algo que no está en discusión son todos los impuestos, que suman $2,619 por galón, correspondientes a 20% del precio final”, explica el analista.
José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas en Corficolombiana, señala que los impuestos más relevantes del precio de la gasolina son el IVA, el impuesto nacional, la sobretasa y el impuesto al carbono, que sumados dan alrededor de $2.618.
Cabrales sugiere que “si le pagamos el precio internacional a Ecopetrol y quitamos los impuestos a la gasolina tendríamos un precio de $13.178 y no necesitaríamos subir más el precio de la gasolina”.
Sin embargo, Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, resalta que “desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas, en la medida que el recaudo por venta de combustibles sea menor, se deberá evaluar cómo se sustituyen estos ingresos o cuales gastos se deberán recortar para que el equilibrio entre ingresos y gastos no se altere. La realidad es que mientras exista un subsidio a los combustibles, de alguna forma u otra la sociedad lo va a terminar pagando”.
“Hay que reconocer que hay un componente impositivo importante en la estructura. Cualquier movimiento en impuestos va a afectar las cuentas fiscales”, indica López, y agregó que el Gobierno ha hecho una labor responsable al cerrar la brecha de precios.
De hecho, según el documento técnico ‘Análisis sobre el Fepc que cita cifras de Fondo Monetario Internacional, 47% de los recursos destinados a la política de estabilización de precios de la gasolina y el Acpm beneficia a 20% de los hogares con mayores ingresos, mientras que 20% de hogares con menor ingreso recibe solamente 7% del total.
Este argumento ha sido reiterado por el presidente, Gustavo Petro, en varias ocasiones, sumado al déficit del Fepc, que en 2022 llegó a $36,7 billones, pero que se estima que cierre el año alrededor de $17 billones por cuenta de los incrementos graduales desde octubre de 2022.
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