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El gremio advierte sobre las atribuciones para el Presidente, quien podría regular directamente los servicios públicos y otras modificaciones
Luego de conocerse el borrador de la reforma a los servicios públicos que le daría facultades de regulación al presidente Gustavo Petro, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, lanzó una serie de alertas por los riesgos que tendría el sector.
El borrador se trabajó bajo la dirección de la Superintendencia de Servicios Públicos para reformar la regulación y operación de los servicios que estipula la Ley 142 de 1994.
Andesco señaló que lo avanzado en el borrador del texto de la reforma, perjudica el modelo actual que consistía en la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas.
“Al ser conocida la última versión de este texto, se siguen dando pasos atrás sin tener en cuenta aspectos fundamentales que desde el gremio se habían señalado. Este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”, señaló Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.
Según la interpretación del gremio, al modificar el artículo 72A de la Ley 142 de 1994, la regulación de los servicios públicos quedaría a cargo del Presidente de la República.
“Las atribuciones que se le conceden al Presidente como directo regulador son perjudiciales para la prestación de servicios públicos, ya que las decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político.
Además esta medida es contraria a la decisión recientemente adoptada por el Consejo de Estado que decretó la suspensión provisional del decreto de reasunción de funciones regulatorias por parte del Presidente”, señaló Sánchez.
En cuanto a los ministerios, tendrán la facultad para reglamentar la promoción del desarrollo de nuevas tecnologías para la prestación de los servicios públicos. El mismo texto señala que el Presidente, Gobernador o Alcalde, según se determine, escogerán a los miembros de las juntas directivas de las empresas del Estado de los servicios públicos.
“Bien lo mencionó un exfuncionario del Gobierno actual, en este como en los demás proyectos de reforma, hay una desconexión entre ideales y practicidad. Lo que terminaría sucediendo es que prestar servicios públicos en Colombia se vuelva muy difícil, pues, entre otras cosas, la inseguridad jurídica desincentiva la inversión. Es imperativo seguir dialogando para construir sobre lo construido”, agregó Sánchez Ortega.
El dirigente gremial también alertó por las facultades “exorbitantes” que tendría el superintendente de Servicios Públicos, ya que se incluyen dentro de sus funciones jurisdiccionales un poder absoluto y sancionador, incluyendo multas confiscatorias.
Según Sánchez, esta propuesta no tiene criterios claros de dosimetría, que podrían desembocar en arbitrariedad e ineficiencia en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, alerta por el impacto fiscal que tendría la propuesta de garantizar un mínimo vital en todos los servicios, incluyendo las TIC.
Según el borrador de la reforma a los servicios públicos, el Presidente de la República, además de regular directamente los servicios públicos, podría modificar las estructuras de cinco entidades, entre ellas, los ministerios de Minas, Vivienda, Ambiente, de las TIC, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El borrador del proyecto también plantea crear comunidades energéticas, un régimen tarifario y un mínimo vital en acueducto, luz, gas natural y servicios mínimos de tecnología. Además otorga nuevas funciones de la Superservicios, como suspender los servicios no domiciliarios.
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