Los subsidios a los servicios públicos dejaron un déficit de $2,5 billones el año pasado

A pesar de que los estratos socioeconómicos más bajos son en teoría donde vive la población de menores recursos, hasta 61% de los inmuebles donde habitan las personas más acaudaladas del país están clasificados como 1, 2 y 3, mientras que solo 19,40% de estos hogares pertenecen al estrato 5 y 6 y otro 19,60% está clasificado como 4.

Eso quiere decir que actualmente a seis de cada 10 de los hogares con más ingresos del país, entendido como aquel 10% de los que reciben en promedio $7,2 millones al mes, les subsidian sus facturas de servicios públicos, frente a solo dos de ellos que tienen que financiar y otros dos que ni contribuyen ni les pagan.

En concreto, según los cálculos que plasma el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, 37,30% de la población perteneciente al decil de mayor ingreso pertenece al estrato 3; 17,60% de ellos vive en el 2; y solo 6,10% en el 1. Por su parte, en el 5 se concentran 12,80% de estas personas y en el 6 habita otro 6,60%.

Al contrario, a 1,6% de los hogares pertenecientes al decil de ingreso más bajo (los que reciben en promedio $98.000 al mes) no les subsidian los servicios públicos porque sus viviendas están clasificadas como estrato 4, 5 y 6. Además, 0,7% de estos deben hacer frente al pago de contribuciones en sus facturas por lo que no solo no se benefician de subsidios, sino que también tienen que financiar al resto en sus facturas.

Al problema de la deficiente focalización de los subsidios, con gastos regresivos que acaban en los bolsillos de las poblaciones de mayores ingresos, también se suma que las contribuciones realizadas por los usuarios de estratos 5 y 6, más las que deben llevar a cabo las propias empresas no son suficientes para cubrir las necesidades de financiamiento de este sistema. Debido a ello, se hace necesario recurrir año a año a los fondos del Presupuesto General de la Nación para cubrir este déficit. Por ejemplo, en 2017 la Nación tuvo que aportar $1,7 billones para el pago de subsidios de energía.

En total, el desbalance entre las personas que subsidian los servicios públicos y los que se benefician es tan elevado que apenas 2,70% del total de la población estaría financiando los servicios que recibe otro 92,60% de los hogares. Esto se da porque según los últimos cálculos de la cartera de Hacienda hasta nueve de cada 10 colombianos vive hoy en los estratos más bajos. En el 1 están alrededor de 33,80% de las personas; al 2 pertenece otro 36,30%; y en el 3 habita 22,50% de la población. Por su parte, el restante 4,60% pertenece al estrato 4; 1,90% al 5 y 0,80% al 6.

Esta desproporción entre los subsidios y las contribuciones dejó el año pasado un déficit de unos $2,5 billones siendo el gas natural el servicio domiciliario que menos se cubre puesto que con lo que se logra recaudar a través de los usuarios de estrato 5 y 6, solo se asegura 16% de lo que se gasta en subsidios.
Por ejemplo, para el caso de la energía, mientras que el gasto en subsidios llega a $2,7 billones, las contribuciones que se logran recaudar anualmente ascienden a $1,2 billones, lo que representa casi 45% del valor. Por su parte, en el alcantarillado se cubre 70% del gasto total en subsidios y en acueducto, 58%.

“Hay grandes problemas en las contribuciones que hemos pedido que se corrijan desde hace más de 10 años. El esquema de subsidios se debería focalizar para que las ayudas lleguen a la población que más lo necesita. Por ejemplo, hay usuarios en el estrato 1 de las zonas rurales que son grandes fincas de personas con ingresos elevados. Este año el déficit de energía es de $1,8 billones”, aseguró José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).

Con el objetivo de resolver esta problemática, el Dane y el DNP convocarán a una misión de expertos que permita evaluar el instrumento de estratificación socioeconómica y, dado el caso, se definiría la necesidad de diseñar una propuesta alternativa que lo sustituya, junto con las propuestas de ajustes normativos y el diseño de transición hacia el nuevo instrumento de focalización.

“Existe la evidencia a partir de múltiples estudios de los problemas que presenta este instrumento para la asignación de subsidios que no tiene en cuenta información de la situación socioeconómica de los beneficiarios frente a la evolución de predios y viviendas, lo que probablemente estaría ocasionando errores en la focalización”, manifestó a LR hace unas semanas Gloria Alonso, directora del DNP.

De momento, para realizar una aproximación integral a la situación real de los hogares, el Gobierno trabaja en la transición hacia el Sisbén IV. Según las metas estipuladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, este rediseño no solo garantizará la eficiencia de la política pública y de la asignación del gasto, sino que representará un beneficio en la programación presupuestal. En total, se proyecta que permitirá un ahorro de hasta 1,2 puntos porcentuales del PIB en 2030.

“Modernizar la base sobre la cual se calculan los porcentajes de subsidio permitirá focalizarlos en aquellos que más lo necesiten, cuidando que el subsidio excesivo no genere cambios en los patrones de consumo de los servicios ni que la ayuda insuficiente genere el no pago por parte de los usuarios”, manifestó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.